La Defensoría del Pueblo de Perú confirmó que ha aumentado a siete la cifra de fallecidos a un día de iniciados los enfrentamientos entre la Policía y manifestantes que piden la renuncia de la nueva presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso.
«Han sido dos jornadas muy lamentables con un saldo de siete personas fallecidas (…) dos de ellas menores de edad y todos por proyectiles de armas de fuego», dijo la defensora del pueblo, Eliana Revollar.
Los enfrentamientos más violentos se están dando en el sur del país, concretamente en los departamentos de Apurímac y Arequipa.
La Dirección Regional de Salud de Apurímac detalló en un comunicado que un adolescente de 16 años con las iniciales R.P.M.L. falleció el mediodía del lunes al presentar una herida de bala tras una protesta en Chincheros, en el departamento de Apurímac.
Asimismo, durante la tarde, se confirmó que se habían muerto otros dos jóvenes de 18 años, Jonathan Encino Arias y Wilfredo Lizarme.
A estas tres víctimas notificadas en las últimas horas se suma otro joven fallecido en Chincheros, otro varón muerto en protestas en la segunda ciudad más grande del país, Arequipa, y a los dos fallecidos en la tarde de este domingo en Andahuaylas.
Además, Revollar confirmó que hay 32 civiles heridos, más 24 policías heridos y declaró que «la situación es muy tensa en el país».
«Estamos pidiendo la investigación de estos casos, que, de verdad, son muertes inútiles, porque si se tomaran decisiones oportunas esta situación no debía pasar», indicó.
Esperamos que este gabinete pueda conducir este momento oscuro y se dé el adelanto de elecciones que la población quiere», agregó.
El Gobierno de Perú decretó el lunes el estado de emergencia por 60 días en siete provincias del departamento sureño de Apurímac, epicentro de las protestas que piden la destitución de la presidenta Dina Boluarte.
De esta forma, el Ejecutivo busca mantener el orden interno en las provincias de Abancay, Andahuaylas, Chincheros, Grau, Cotabambas, Antabamba y Aymaraes con el trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas.
Durante 60 días quedará suspendido en Apurimac los derechos constitucionales relativos a «la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”, según el artículo 2 de la constitución peruana.
