La justicia de Guatemala condenó este miércoles al expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti a 16 años de prisión por los delitos de asociación Ilícita y caso especial de defraudación tributaria.
El Tribunal de Mayor Riesgo B de Guatemala impuso una condena de ocho años por cada uno de esos delitos. Según el fallo de este miércoles, ambos también deben devolver al Estado poco más de 1 millón de dólares.
Las tres juezas del tribunal, sin embargo, los absolvieron por el delito de enriquecimiento ilícito. Ambos están en prisión desde 2015 y durante todo el tiempo que duró el proceso rechazaron las acusaciones.
En la lectura de la sentencia, el tribunal dijo haber encontrado suficientes evidencias de que Pérez Molina y Baldetti estuvieron vinculados a una red criminal que operaba en los puertos y con la que defraudaron millones de dólares al Estado.
Tras escuchar el fallo, el expresidente dijo a CNN sentirse “frustrado y decepcionado” porque considera que fue condenado sin pruebas. Por eso, adelantó que, junto a su equipo legal, presentará una apelación especial para “limpiar” su nombre.
“No tienen pruebas. Se están basando en llamadas de terceras personas», sostiene Pérez Molina.
Por su parte, la exvicepresidenta Baldetti también anunció que presentará una apelación porque considera injusto el fallo. «Todos los recursos que tenga a la mano los voy a utilizar», dijo la exfuncionaria a CNN.
Críticas a la investigación
Las juezas criticaron el trabajo de investigación que realizó, en su momento, la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), creada en 2006 tras un pedido del gobierno guatemalteco a las Naciones Unidas. «En la acusación se menciona la cantidad de evidencias, pero no todas vinculaban a los acusados. El trabajo de la Cicig dejó mucho que desear, fue deficiente», aseguró Janeth Valdez, presidenta de Tribunal de Mayor Riesgo B, durante la lectura de la sentencia.
La disuelta Cicig sostuvo que la red operaba a través de una línea telefónica específica que operaba dentro y fuera de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
El Ministerio Público y la Cicig señalaron en su momento que para desarticular esta red fue necesaria la intervención de más de 66.000 llamadas telefónicas y miles de mensajes de correo electrónico.
