Un juzgado de Guatemala decidió cerrar un proceso penal contra la excandidata presidencial Sandra Torres y ocho personas más acusadas de financiamiento electoral ilícito, supuestamente cometido durante los comicios de 2015.
La jueza Claudette Domínguez, titular del juzgado de Mayor Riesgo «A» del Organismo Judicial guatemalteco, consideró que no existen elementos suficientes para que Torres enfrentara debate oral y público por el delito de financiamiento electoral ilícito.
El Ministerio Público (MP, Fiscalía) acusaba a Torres de permitir que su partido, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), recibiera al menos siete aportes de financiamiento ilegal por unos 600 mil dólares que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en 2015.
Además, la jueza también cerró el proceso en favor de Gustavo Alejos Cámbara, exsecretario privado de la presidencia de Álvaro Colom, quien -a criterio de la Fiscalía- había sido el encargado de recolectar los aportes que no fueron notificados a la autoridad electoral. El exdiputado Julio César López y otros cinco acusados más también fueron beneficiados por la medida dictada por el juzgado este martes.
La acusación de la Fiscalía detalla que el partido político de Torres utilizó a tres sociedades anónimas como centros de recaudación y administración de recursos externos. De esa forma, integró una estructura paralela de las finanzas oficiales de la campaña para eludir el control de los fondos.
El exfiscal anticorrupción guatemalteco Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos, criticó la decisión de la jueza y la pasividad del Ministerio Público en el caso, ya que existen «interceptaciones telefónicas» que incriminan a Torres. Sandoval, quien emprendió una lucha anticorrupción para Guatemala entre 2014 y 2021, calificó como «descaro» la decisión de deslindar de cargos a Torres.
