La Corte Suprema de Estados Unidos examina este martes la política del Gobierno de Joe Biden sobre la deportación de migrantes en situación irregular, que da prioridad a los que representen una amenaza para la seguridad del país.
El gobierno del presidente demócrata dio instrucciones al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en septiembre de 2021 para que se centrara en los extranjeros que representaran una amenaza (terrorista o criminal) o que hubieran llegado recientemente a territorio estadounidense.
Se estima que en Estados Unidos viven más de 11 millones de migrantes en situación irregular y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) «no tiene los recursos para detener y expulsar a cada uno de estos no ciudadanos», alegó entonces el titular de esta cartera, Alejandro Mayorkas.
Estas directrices son muy diferentes a las de la administración del expresidente republicano Donald Trump, partidario de que se expulsara a todos sin tener en cuenta si están integrados en la sociedad.
Férrea oposición
Pero las nuevas consignas migratorias de Joe Biden, como todas las que adopta en este ámbito, tropezaron con la férrea oposición de estados dirigidos por los republicanos, que aducen que suponen más gastos en educación, policía y servicios sociales.
Algunos de estos estados las impugnaron en los tribunales, que emitieron veredictos contradictorios.
Hasta que en junio un juez federal de Texas bloqueó las nuevas directrices migratorias del gobierno de Joe Biden, ante lo cual este apeló a la Corte Suprema para poder aplicarlas.
En julio, la Corte Suprema se negó a pronunciarse por la vía de urgencia, lo que hizo que las consignas se quedaran en letra muerta, pero accedió a examinar el fondo del caso, que será lo que haga este martes por la mañana durante una vista judicial en Washington.
