La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró a Nicaragua en «desacato permanente» a las numerosas órdenes de liberar a personas opositoras encarceladas y elevará la situación a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
«Subsiste un desacato prolongado por parte del Estado que pone en una situación cada vez más vulnerable a los beneficiarios de las medidas provisionales e implica un incremento en la situación de riesgo», indicó la CorteIDH en una resolución publicada este martes. El texto agrega que la entidad «someterá a consideración de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos el desacato de Nicaragua a sus decisiones».
La CorteIDH detalló que el Estado de Nicaragua ha expresado su no aceptación y rechazo a las medidas provisionales adoptadas en favor de 46 personas opositoras al Gobierno presas, resoluciones que tienen fechas de 24 de junio, 9 de septiembre, 4 y 22 de noviembre de 2021, así como del 25 de mayo y 4 de octubre de 2022. La entidad reveló que Nicaragua ha remitido 19 comunicaciones en las que ha manifestado su rechazo a las medidas provisionales «por considerar que las mismas siguen un guion impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica” e «incluyen una narrativa parcializada».
En sus resoluciones, la CorteIDH ha ordenado la liberación inmediata de las personas opositoras encarceladas, entre quienes destacan excandidatos presidenciales, periodistas, líderes sociales, empresarios, estudiantes, etc. Entre las personas beneficiarias de las medidas se encuentran Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri Chamorro, Félix Alejandro Maradiaga Blandón, Violeta Mercedes Granera Padilla, Daisy Tamara Dávila Rivas, Lesther Lenin Alemán Alfaro, Freddy Alberto Navas López y Cristiana María Chamorro Barrios.
«Esta Corte concluye que la manifestación de no aceptación y rechazo del Estado a las medidas provisionales adoptadas por esta Corte, la prolongación de la detención de los beneficiarios de las medidas provisionales mantiene a las personas en un estado de desprotección absoluta», señala la fuente.
Además, determinó que «la detención de los beneficiarios de las medidas provisionales, así como los procesos penales seguidos en contra de todos ellos, evidencian un proceso de hostigamiento y criminalización de las personas que se identifican en oposición al actual Gobierno de Nicaragua» del mandatario Daniel Ortega.
La resolución indica que el desacato del Estado y las malas condiciones de detención de quienes están en prisión suponen «un riesgo grave de padecer daños irreparables a sus derechos a la vida, integridad, salud y alimentación». Asimismo, confirma que las autoridades de Nicaragua no han facilitado contacto periódico de las personas presas con familiares y abogados y no se les ha garantizado el acceso a servicios de salud y medicamentos, ni a una alimentación adecuada.
