La fiscal general peruana presentó el martes al Parlamento una denuncia constitucional contra el presidente, Pedro Castillo, en un nuevo episodio de las acusaciones contra el mandatario, quien rechazó los señalamientos y comentó que se busca ejecutar “una nueva modalidad de golpe de estado”.
En su primera rueda de prensa con medios internacionales tras más de 14 meses de gestión, Castillo también negó haber solicitado asilo político ante el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, en favor de su exsecretario Bruno Pacheco y sus dos sobrinos, investigados por presuntamente integrar una organización criminal liderada por el mandatario, como alegan documentos de investigación de la fiscalía.
“Negar rotundamente el vínculo con el país de Venezuela para tener algunos favores del entorno del Gobierno. No lo he hecho y no lo haré porque lo que quiero es que con la verdadera justicia demostremos la verdad ante el país”, dijo Castillo en una conferencia en el palacio presidencial.
Es la primera vez que la fiscalía peruana denuncia ante el Parlamento a un presidente en ejercicio.
La fiscal general, Patricia Benavides, afirma que Castillo habría cometido los supuestos delitos de organización criminal y corrupción. “No hay vicio más execrable que la codicia, sobre todo entre quienes gobiernan la nación, pues servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable”, dijo Benavides en un pronunciamiento.
Mantienen cinco denuncias contra Castillo
La fiscalía también mantiene cinco investigaciones preliminares contra Castillo por los mismos delitos, así como otra indagación adicional sobre el mandatario por un presunto plagio de su tesis de maestría en psicología educativa en 2012.
Según la ley, una subcomisión parlamentaria analizará la denuncia de la fiscalía, un proceso que podría tomar hasta dos meses. El resultado es incierto porque incluso dentro de la subcomisión de 25 miembros la oposición no tiene mayoría. En más de 14 meses de gobierno, Castillo ha sobrevivido a dos intentos de destitución por supuesta “incapacidad moral permanente” porque la oposición parlamentaria no cuenta con los 87 votos necesarios para removerlo.
“A nosotros no nos van a amedrentar”, dijo Castillo quien indicó que gobernará hasta el fin de su mandato, el 28 de julio de 2026. En la conferencia, el mandatario delegó la respuesta de la mayoría de las preguntas a sus ministros mientras escribía con tranquilidad con un bolígrafo de tinta roja sobre papeles. Su primer ministro, Aníbal Torres, indicó que la fiscal general “está violando manifiestamente la constitución” porque denuncia al presidente ante el parlamento por supuestos delitos que no están contemplados como causales de denuncia en la carta magna.
La Constitución peruana sólo permite procesar a un presidente en el cargo en caso de traición a la patria, disolución del parlamento por casos diferentes a los permitidos o no convocar a elecciones. En su denuncia la fiscal general apela a la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción. El primer ministro también precisó que pedirán «una opinión» a Naciones Unidas sobre el uso de la Convención al caso peruano.
Más temprano la fiscalía peruana ingresó a las oficinas y viviendas de seis legisladores, así como a la casa de una hermana del presidente Pedro Castillo, y detuvo a cinco funcionarios cercanos al mandatario en medio de una investigación por presunta criminalidad organizada y corrupción.
Los fiscales indagan si los legisladores opositores, del partido Acción Popular, obtuvieron beneficios a cambio de apoyar al gobierno. En un operativo, miembros de la Fiscalía y policía detuvieron en sus domicilios a otros cinco exasesores del mandatario implicados en la investigación.
El presidente indicó temprano en Twitter que la fiscalía había ingresado a la casa de una de sus hermanas en un barrio popular de Lima, donde se encontraba su madre. “Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre”, dijo Castillo, quien calificó el acto como «abusivo”.
