Los docentes jubilados y pensionados hicieron un angustioso llamado a los diputados para que se cumplan las reformas a la Ley del Inprema, en la que se establece un pago en vida de 60 rentas o mensualidades.
Los maestros beneficiados con esta ley son los jubilados y pensionados bajo la Ley del Instituto de Previsión del Magisterio de 1980.
«Las reformas son un acto de justicia para más de 14,000 docentes jubilados que hoy están en calamidad, que tienen deudas, que no tienen para comprar una medicina y así mitigar el dolor que aquejan con sus enfermedades» dijo Laura Galvez, representante de los jubilados.
El llamado lo hicieron a través de un comunicado público en el que piden el inmediato cumplimiento del decreto 57-2019 que aprueba las 60 rentas.
Bajo la ley anterior, son los herederos quienes reciben el beneficio económico, por lo que los jubilados quedan desprotegidos, en situación de calamidad y sin acceso al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
«Estamos de acuerdo con los 400,000 lempiras, siempre y cuando se mantenga firme el Decreto 57-2019, que nos otorga en vida las 60 mensualidades o rentas a que tenemos derecho desde el inicio de nuestra carrera docente y, que lo ha venido aplicando el Inprema post morte a los familiares beneficiarios que el docente designa en el Inprema» dice el comunicado.
Manifiestan que si la presidenta Xiomara Castro, la dirigencia magisterial y los comisionados interventores de Inprema quieren dar el bono de 400,000 lempiras, «que sea independiente, no a cambio de las 60 mensualidades».
Las 60 rentas
Respecto a las 60 mensualidades (o rentas), cada una de ellas equivale al monto de la jubilación de cada docente, por lo que en aras de contribuir al cumplimiento de la reforma, los docentes expresan que «estamos de acuerdo en aceptar una renta bimensual tal como se acordó con los interventores del Inprema en una reunión del 28 de abril del 2022».
Asimismo, solicitan que se agregue desde ya en el presupuesto de Inprema el monto del beneficio para el año 2023, incluyendo primero a los jubilados con la Ley de 1980 y posteriormente a los pensionados.
En su comunicado, los jubilados advierten que «el descalabro de Inprema es responsabilidad de los dirigentes magisteriales, del representante de las instituciones privadas y demás integrantes de la APA que aprueban préstamos con intereses bajísimos, autocondonaciones, inversiones riesgosas e inconsultas».
«Solicitamos a los congresistas conscientes que no permitan la violación al Decreto 57-2019 porque es un derecho adquirido y no puede ser disminuido ni eliminado según reza en la Constitución de la República. Somos ciudadanos de la tercera edad o adulto mayor y las leyes tanto nacionales como internacionales nos amparan» concluyeron.
