El proyecto de nueva Constitución sometido a votación este domingo en Chile encamina al país a poner una lápida al sistema económico neoliberal que impuso la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), para sentar las bases de un modelo con derechos sociales.
La Constitución actual que los electores decidirán este domingo si “aprueban” o “rechazan” reemplazar por un nuevo texto fue la primera en instaurar un sistema económico neoliberal, y a partir del retorno a la democracia en 1990 tuvo varias reformas para agregar más regulaciones. Sin embargo, dejó en manos privadas áreas esenciales como la salud, la educación y las pensiones.
La propuesta nueva garantiza derechos sociales reclamados por años en las calles de Chile, pero contiene modificaciones cuyos alcances generan profundas divisiones entre los economistas.
Busca “continuar profundizando el cambio hacia un Estado de bienestar, aunque en estos años de retorno a la democracia ha habido muchos cambios que han apuntado a eso en lo grueso”, dice a la AFP Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo.
“Lo que estamos haciendo es buscar un texto que nos una, reivindicando lo que los países desarrollados hace mucho tiempo hicieron, que es el estado constitucional de derechos”, afirmó Nicolás Eyzaguirre, exministro de los gobiernos de centro izquierda y exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI), en declaraciones a radio Cooperativa.
La versión original de la Constitución redactada en la dictadura en 1980, no establecía regulación bancaria ni a las empresas; contenía bajas tasas de impuestos y casi ninguna regulación ambiental ni a la libre competencia.
La propuesta, redactada durante un año por una convención constituyente, establece un “Estado social de derechos”, con un sistema estatal y universal de salud y educación, y el fin de las administradoras privadas de los fondos de pensiones.
El nuevo texto restablece el derecho efectivo a la huelga, descentraliza al Estado y establece el pago de un “justo precio” por expropiaciones. Mantiene la autonomía del Banco Central y termina con derechos de propiedad sobre el agua entregados a perpetuidad en la Constitución vigente.
“En lo económico no hay exocet (misil) o algo que la destruya, pero varias cosas que la erosionan”, dice a la AFP el economista de la Universidad de Chile, Joseph Ramos.
“Es una propuesta pobre. No hay nada en ella que sea para mejorar la productividad.
Hay un énfasis casi exclusivo en temas sociales pero no económicos”, agrega.
El texto mantiene la economía de libre mercado, pero además de lo social agrega un mayor énfasis al resguardo del medioambiente.
De aprobarse la nueva Constitución, el Congreso -hoy divido casi en un 50% de las fuerzas políticas de derecha e izquierda, debe tramitar leyes que habiliten la implementación de los nuevos derechos sociales.
“Se confunde la poesía con la realidad. Esos derechos sociales van a dar lugar a mucha frustración porque obviamente no están los recursos para eso”, advierte Joseph Ramos.
