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Directora del CNA: “Nueva Ley de Defensa y Seguridad crea un monstruo que recurre al terror”

La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, denunció que la nueva Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad crea un monstruo político, omnipotente y policíaco que recurre al terror para imponer una dinastía de poder absoluto.

La nueva Ley de Defensa y Seguridad que plantea el Poder Ejecutivo y que fue aprobada en su primer debate en el Congreso Nacional, es objeto de señalamientos por actores políticos y analistas que temen que detrás de la normativa se pretenda concentrar los poderes en la familia presidencial.

Luego del fallido intento por parte del oficialismo en el Poder Legislativo para que a la normativa se le dispensaran dos debates, las reacciones no se han hecho esperar e incluso los propios actores en la Cámara aseguran que no respaldarán una ley a “mata caballos”, por lo que a la misma se le deben hacer reformas consensuadas entre las bancadas.

Antecedentes

La ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad fue creada por el expresidente Juan Orlando Hernández, y según sus detractores, se convirtió en el mecanismo que usó el exmandatario para concentrar el poder y subyugar al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Ministerio Público.

El gobierno que preside Xiomara Castro se encamina a la derogación de la normativa que regula el Consejo, no obstante, opositores cuestionan que la figura presidencial sigue ejerciendo control absoluto.

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad es una figura establecida en la Constitución de Honduras desde 1982, en su artículo 287. La misma normativa constitucional ordena la creación de una ley secundaria que regule el funcionamiento y organización de la entidad encargada de definir la ejecución de políticas en materia de seguridad y defensa nacional.

El expresidente Hernández, creó en 2011 la Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, mediante Decreto Legislativo 239-2011, en el cual sometió al Congreso, la Corte Suprema y la Fiscalía a la determinación de la figura presidencial siendo considerado un mecanismo perverso amparado en una ley que le otorgó un poder omnímodo.

Por iniciativa de la presidenta Xiomara Castro, se envió al Congreso Nacional un proyecto de ley que deroga la normativa vigente de la Ley Especial y crea una nueva legislación que retorna la independencia de poder y concentra solo a instituciones del Estado en materia de seguridad regidas por el Poder Ejecutivo, sin embargo, el Partido Libertad y Refundación (Libre) intentó aprobarla de manera expedita en un único debate al estilo que impuso el Partido Nacional.

Al no lograrse su aprobación inmediata, Castro convocó al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad con la normativa vigente, es decir, tanto Luis Rolando Redondo, presidente del Congreso, Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema y Óscar Fernando Chinchilla, fiscal general, están obligados a acudir.



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