Cientos de nicaragüenses asistieron el fin de semana a una misa en la catedral de Managua bajo vigilancia policial, después que el gobierno prohibiera una procesión y en medio de fuertes tensiones entre la administración de Daniel Ortega y la Iglesia católica.
Los fieles se reunieron en los predios del edificio religioso para recibir a la venerada imagen la Virgen de Fátima, mientras en los alrededores la policía desplegó efectivos.
La Arquidiócesis de Managua convocó a una misa después de informar que la Policía había prohibido «por razones de seguridad interna” un peregrinaje con la virgen de Fátima que se había organizado por las calles de la capital.
La prohibición de las procesiones por parte del régimen de Daniel Ortega alcanzó este fin de semana a otros templos del país centroamericano.
La Parroquia Cristo Rey de Telpaneca, en Madriz, informó que, por orientaciones expresas de la Policía Nacional, no realizarán la procesión de la Virgen el próximo 14 de agosto. Otras parroquias del país también confirmaron la medida policial respecto a las procesiones públicas.
Admite que no ve solución al acoso contra obispo
Mientras en Managua, el arzobispo capitalino y cardenal Leopoldo Brenes, dijo que durante su homilía que se reunían este sábado «con mucha alegría, pero también con mucha tristeza” debido a «la situación que hemos vivido en nuestras parroquias”, en alusión a la crisis con el gobierno.
El cardenal nicaragüense y arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, afirmó que la Iglesia espera encontrar una salida a la situación del obispo Rolando Álvarez, retenido desde hace nueve días en su curia por la policía, acusado de intentar «desestabilizar» el país.
No obstante, admitió que a lo inmediato «no» ve una solución a la crisis que vive Álvarez, de la Diócesis de Matagalpa, en el norte de Nicaragua
Álvarez, un fuerte crítico del gobierno de Daniel Ortega y miembro del CEN, no puede salir de la curia desde el pasado 4 de agosto, donde permanece junto a otras 10 personas, pues está rodeada por un amplio cerco policial.
El obispo quedó sitiado tras denunciar la decisión de las autoridades de cerrar cinco emisoras católicas y exigir al gobierno que respete «la libertad» religiosa.
La policía dijo que investiga a Álvarez por intentar «organizar grupos violentos» e incitar al «odio» con el «propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua».
Las pesquisas contra el religioso se producen en medio de las tensas relaciones que la iglesia católica tiene con el gobierno de Ortega desde las protestas opositoras de 2018, cuando varios templos abrieron sus puertas para refugiar a los manifestantes heridos y a los que huían de la represión.
