Un estudio dado a conocer este miércoles concluye que el Gobierno y la Asamblea Legislativa de El Salvador ejecutaron una estrategia para el «debilitamiento» de la separación de poderes en «complicidad» con la Corte Suprema, con lo que el Ejecutivo de Nayib Bukele concentra el «control» de los tres órganos.
El documento, titulado Justicia Amordazada, indica que «la separación de poderes en El Salvador se ha reducido a la mínima expresión, y solo opera cuando los otros órganos debaten asuntos en los que el Ejecutivo no tiene intereses».
«Más que tres poderes independientes y separados, existe una sola fuerza política en control de todos ellos, concentrada en el Ejecutivo. El sistema de pesos y contrapesos democráticos ha desaparecido», afirma el informe de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
Apunta que «el único contrapeso que subsiste lo ejercen las organizaciones sociales, sectores académicos y el periodismo de investigación».
«Los poderes Ejecutivo y Legislativo, en complicidad con la Corte Suprema de Justicia, han ejecutado una estrategia destinada a lograr la captura de la justicia y el debilitamiento al principio de separación de poderes», apunta una de las conclusiones del informe titulado Justicia Amordazada.
El documento apunta a que estas acciones «se han estructurado meticulosamente en tres grandes fases».
Agrega, que primero se dio «la preparación de la crisis» con los «ataques desde el discurso del Ejecutivo anteriores al 1 de mayo de 2021», cuando la Asamblea Legislativa removió a los magistrados constitucionalistas de la Corte Suprema de Justicia.
«Desde el inicio de su mandato en 2019 y antes de tomar el control del Legislativo, el presidente Nayib Bukele mantuvo una confrontación abierta con los otros poderes del Estado. En el caso del Órgano Judicial, ejecutó una narrativa hostil, dirigida de forma específica contra la Sala de lo Constitucional», indica.
Afirma que la segunda fase se dio con la llegada de la nueva legislatura de mayoría oficialista y cuya primera acción fue la destitución de los magistrados y el fiscal general, además de la elección de sus sustitutos en un proceso ampliamente cuestionado.
El informe indica que «la designación directa de cinco personas para ocupar los cargos de los magistrados removidos» de la Sala de lo Constitucional el 1 de mayo de 2021 «no siguió» el proceso legal establecido.
«Los nombres de estas personas no transitaron los mecanismos previstos ni surgieron de ninguna lista» de las organizaciones de abogados y además «no hubo entrevistas, evaluaciones de méritos, ni participación social. Al designarlos directamente se violó la Constitución», subraya el documento de la DPLF.
Posteriormente se dio «el control vertical» del sistema de Justicia con «la expulsión o precarización de la estabilidad de un tercio de los jueces».
Esto último en referencia a que el Congreso aprobó reformas legales que obligaron a cesar a decenas de jueces con 30 años de carrera o 60 de edad.
«Dichas reformas permitieron el control vertical del Órgano Judicial desde la Corte Suprema de Justicia, y son inconstitucionales, tanto por motivos de forma como de fondo», advierte la investigación.
La destitución de los magistrados constitucionalistas y el fiscal general, además de los nombramientos exprés de sus sustitutos, generó fuertes críticas de la comunidad internacional, que señaló que era un golpe para la separación de poderes e independencia judicial.
Con información de EFE.
