Según el documento, el mandatario encabezaría una presunta organización criminal dedicada a diversos actos de corrupción en lo que va de su gestión y cuya red estaría integrada por otras 18 personas.
Durante una desordenada sesión, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó por mayoría y con cargo a redacción el informe final que recomienda acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo por diferentes delitos relacionados a los casos Sarratea, Puente Tarata y otros.

