El ministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina, aseguró que el gobierno hondureño «no ha tenido ningún tipo de participación» en la concesión de la nacionalidad nicaragüense a dos exfuncionarios del expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos acusado de narcotráfico, pero adelantó que si cometieron algún delito en el ejercicio de sus funciones «tendrán que responder ante la Justicia».
El canciller se encuentra en Madrid, España, donde se ha reunido con autoridades de ese país y tratar temas de importancia para su país como el de la inmigración.
El Gobierno de Nicaragua otorgó la semana pasada la nacionalidad nicaragüense a Ebal Jaír Díaz Lupián y Ricardo Leonel Cardona López, ministro de la Presidencia y secretario privado de la Presidencia, respectivamente, durante la Administración de Hernández.
“Es un tema complejo. Lo vemos como un proceso en el que estas personas realizan gestiones de acuerdo a la administración nicaragüense y el Gobierno de Nicaragua decidió otorgarles nacionalidad”, indicó el canciller.
“Obviamente – prosiguió- esto sin perjuicio de que como funcionarios públicos cumplieron una función, son responsables de ella, y por lo tanto si hay temas ligados a posibles casos que surjan de sus funciones como funcionarios tendrán que responder por ello ante la Justicia hondureña o ante cualquier Justicia”.
A pesar de todo, Reina señaló que Honduras mantiene “un buen nivel de relaciones con Nicaragua y por ahora simplemente hay un proceso de investigación hacia casos de corrupción en el Gobierno anterior”.
La Constitución de Nicaragua establece en su artículo 43 que “los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional”.
El Ejecutivo que preside el sandinista Daniel Ortega, a través del Ministerio de Gobernación, acordó el pasado 17 de junio “otorgar la nacionalidad nicaragüense en calidad de nacionalizados” a Díaz Lupián y Cardona López bajo el argumento de que ambos cumplieron “con los requisitos y formalidades establecidas en la Constitución Política de la República de Nicaragua” para adquirirla.
