El jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, explicó que el caso denominado “Red de Corrupción en el Congreso”, es una investigación que data de hace tres años y que contiene casi 8,000 folios de prueba
El funcionario del ente adscrito al Ministerio Público señaló que no es novedad que algunos sectores se refieran a este tipo de requerimientos como “persecución política” y que siempre tratarán de desprestigiar las acciones.
La UFERCO presentó requerimiento fiscal contra el diputado Alberto Chedrani, del ahora opositor Partido Nacional, y los exdiputados Oswaldo Ramos Soto, Ricardo Antonio Díaz, José Vicente León y Rodimiro Mejía Merino, a quienes se les vincula en “operaciones fraudulentas y saqueo de fondos” del Congreso Nacional.
Las investigaciones indican que los delitos señalados se cometieron entre los años 2013 y 2017, y los implicados actuaron en colusión con dos ONG’s para drenar más de 18 millones de lempiras que debieron ser invertidos en proyectos de microempresas.
En ese sentido Santos ha calificado a ciertas ONG’s como “monstruos de la corrupción” y mencionó que éste se trata de un caso difícil “pero no de los más grandes”.
El titular de la UFERCO señaló que en su unidad hay diferentes líneas de investigaciones producto de los casos que en su momento seleccionó la MACCIH.
“Los casos que conocemos nosotros no los seleccionamos, a nosotros se nos asignó la investigación de los mismos. El hecho que algunos se refieran a persecución política no es novedad, pues el que se siente perjudicado siempre alegará que es persecución política”, apuntó.
Santos mencionó que lo que está allí es toda la documentación y diligencias que acreditan cada uno de los aspectos de saqueo y operaciones fraudulentas cometidas.
“Nosotros no presentamos los requerimientos de manera antojadiza, sino que cada acto que hacemos referencia es porque está acreditado en el requerimiento y son casi ocho mil folios los que acompañan de prueba”, adujo el fiscal.
