El portavoz del movimiento contra las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE), Christopher Castillo, expresó que el gobierno de Juan Orlando Hernández lo dejó bien “amarrado”, el proyecto, mas no “lo suficiente” como para no ser revertido.
De esa forma explicó que existen dos opciones básicas para la desaparición de las ZEDE: la primera es la derogación de la Ley Orgánica, que es el decreto 120-2003, donde menciona que, aunque dicha ley sea anulada, continuaría en funcionamiento las ya existentes, en este caso las Zede’s conocidas como: Prospera y Morazán.
La segunda opción, abundó, es declarar la nulidad por inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Las ZEDE no han sido derogadas, pero van camino a su eliminación y se están dando pasos importantes desde el gobierno de la república para su derogación”, apuntó Castillo.
La expulsión definitiva debe de darse también por parte del pueblo hondureño cuando contundentemente envíe un mensaje desde las calles y mediante la denuncia popular hacia la comunidad internacional.
“Así como se derogó la red en 2012 y volvió en forma de ZEDE en 2013, tenemos que sentar una garantía”, externó el representante del movimiento.
Castillo dijo que las personas encargadas de aprobar las ZEDES (antes ciudades modelos) han sido partícipes de un delito relacionado a la traición de la patria.
Aseguró que la presidenta Xiomara Castro ha definido una postura clara y concisa contra las Zonas de Empleo “las organizaciones deben continuar con la presión para desmontar esos proyectos”, añadió.
“No es fácil desenmarañar más de 10 años de este proyecto, el cual tienen un andamiaje bastante amplio y que busca amarrarse de un contexto internacional para justificarse en nuestro territorio”, apuntó.