Abarca sólo aquellos empleados que estaban por contrato después del 28 de noviembre día de las elecciones, y que mediante decreto ejecutivo se les otorgó permanencia por el gobierno anterior.
Además, todas las plazas creadas entre diciembre de 2021 y enero de 2022 deben ser canceladas.
Todo funcionario que se excedió en sus funciones y atribuciones creando plazas sin presupuesto, tendrán responsabilidad penal, civil y administrativa.