Dos fiscales de una extinta comisión antimafias auspiciada por la ONU en Guatemala fueron detenidas este miércoles por abuso de autoridad, informó la Fiscalía General, en una decisión que desató críticas internacionales.
Las aprehensiones se dieron «en seguimiento a una denuncia por posible coacción y presiones en contra de una persona, con el fin de declarar hechos falsos», afirma el ministerio público.
La Fiscalía de Asuntos Internos coordinó con la Policía Nacional Civil la captura de las funcionarias pertenecientes a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
Las capturadas fueron solicitadas por un juez tras una investigación que determinó «su posible responsabilidad en el delito de abuso de autoridad».
A dos exfiscales de la FECI también les emitieron orden de detención, pero no se han ejecutado, agregó.
La FECI fue creada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente de la ONU, para encabezar las investigaciones por corrupción.
La víspera, la exfiscal Eva Sosa fue detenida cuando se presentaba en un juzgado que investiga su actuación en ese organismo.
El jueves, la abogada Leyli Santizo, mandataria por once años de la CICIG, también fue capturada bajo cargos de obstaculizar la acción de la justicia.
La detención de Santizo provocó que Naciones Unidas, el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Reino Unido expresaran preocupación por la persecución penal contra operadores de justicia.
Este miércoles Estados Unidos insistió condenando «el abuso inaceptable y persistente» del ministerio público por haber utilizado «registros y arrestos basados en acusaciones privadas y filtrado información de casos selectivamente con la aparente intención de identificar y castigar a los guatemaltecos que luchan contra la impunidad y promueven la transparencia y la rendición de cuentas», afirmó Ned Price, portavoz del Departamento de Estado.
A mediados del año pasado, Washington suspendió la cooperación con la Fiscalía de Guatemala, a cargo de Consuelo Porras, tras la destitución del entonces jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, quien salió del país por razones de seguridad, según dijo.
Estados Unidos dijo entonces que perdió la «confianza» en Porras.
El nuevo fiscal, Rafael Curruchiche, es acusado por activistas anticorrupción de perseguir a opositores y es quien está a cargo de la investigación de las juristas detenidas.
La CICIG apoyó a la Fiscalía para enjuiciar a políticos, militares y empresarios considerados intocables y dejó de funcionar en 2019 por decisión del entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020).
Morales fue acusado de corrupción electoral por ese órgano y por la FECI.
Ambas organizaciones destaparon varios casos de corrupción, entre ellos un fraude en las aduanas que terminó con la renuncia del presidente Otto Pérez (2012-2015) y su vicepresidenta Roxana Baldetti, acusados de liderar la estafa. Ambos fueron arrestados y aguardan juicio en prisión.
