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Hay intenciones instalar una constituyente, según director de transparencia de ASJ

Las acciones que se viven en el país abren la posibilidad que se convoque a una consulta popular que permita la disolución del Congreso Nacional y luego convocar a una asamblea nacional constituyente, advirtió el director de Transparencia y Gobernanza de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez.

El líder y representante de la sociedad civil en Honduras considera que esas acciones, abren la posibilidad que el gobierno de Xiomara Castro de Zelaya, esté conduciendo a la clase política para realizar una Asamblea Nacional Constituyente.

En tal sentido, Ramírez manifestó que “todo encamina que se pretende realizar una consulta popular, para luego disolver el Congreso Nacional y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en Honduras”.

Ramírez se pronunció respecto a la crisis política que impera desde el 23 de enero por la disputa de la presidencia del Congreso Nacional (CN), cuando se instalaron dos presidencias y sus respectivas juntas directivas.

Una de las directivas es presidida por Luis Redondo, que cuenta con el respaldo de la presidenta Castro y tiene el control de las instalaciones físicas del Poder Legislativo y la otra la dirige Jorge Cálix, apoyado por la mayoría de diputados propietarios, pero que no se acerca al edificio legislativo desde el 23 de enero cuando fue tomado por seguidores del partido Libertad y Refundación (Libre).

Desde su elección el 25 enero pasado, Redondo ha sesionado en más de cuatro ocasiones, para aprobar decretos como derogar leyes como la Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs), subsidio de energía eléctrica y rebaja a los combustibles.

El pasado 2 de febrero, el Congreso presidido Luis Redondo, aprobó la Amnistía para Presos Políticos y Reconocimiento a los Mártires y Condena al Golpe de Estado en 2009 y la Misión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

Con la juramentación de titulares en la Procuraduría General de la República (PGR) y la aprobación la Amnistía para Presos Políticos, Reconocimiento a los Mártires y Condena al Golpe de Estado,  persisten fuertes cuestionamientos por considerar que se pretende blindar funcionarios que cometieron corrupción en Honduras en el pasado gobierno del expresidente Manuel Zelaya.

Ramírez cuestionó las últimas acciones ejecutadas en el parlamento hondureño, en el sentido de que existe un conflicto que no se ha solucionado, en vista que hay dos juntas directivas instaladas en ese poder del Estado de Honduras.



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