El telúrico retorno de la izquierda se ha hecho sentir en Honduras. No solo porque rompió con el tradicional bipartidismo, sino porque Xiomara Castro de Zelaya asume el poder este jueves en medio de la conflictiva escisión en las filas del oficialismo y la inédita instalación de un Congreso bicéfalo.
Hace una semana, la ausencia de 20 diputados del partido Libertad y Refundación (Libre) en una reunión fue el preámbulo de una crisis política que devino en acusaciones de traición, golpes en la Cámara y la juramentación en paralelo de dos presidentes del Congreso: Luis Redondo –apoyado por Castro– y Jorge Cálix, disidente del oficialismo y respaldado por los diputados de la oposición.
Castro prometió que juraría su cargo ante un juez y desde entonces la tensión persiste. En ese panorama, actores internacionales y mediadores como la Organización de Naciones Unidas (ONU) iniciaron los acercamientos en el seno del oficialismo, sin que se definieran posturas definitivas a horas de la juramentación.
De momento, lo único que parece claro es que las instalaciones del Estadio Nacional de Tegucigalpa acogerán a unas 26.000 voluntades que presenciarán la toma de posesión de la primera mujer presidenta de Honduras y la más votada de su historia. En las entrañas del Gobierno, la situación aún tiene cabos por atar.
Cruce de propuestas
En la víspera, representantes de ambas facciones mantenían conversaciones para destrabar la crisis política dentro del Congreso y aunque coincidieron en varios puntos, no lograron ponerse de acuerdo sobre qué hacer con la directiva.
Los que acompañan a la disidencia apuntan que Cálix estaría dispuesto a la repetición de la votación, pero que en el fondo ya su designación es cosa juzgada. «La [juramentación] que es legal es la que presidió en la primera sesión», sostuvo el diputado Yahvé Sabillón, expulsado de Libre.
Sabillón se refiere a la votación que se hizo el pasado viernes, en las que resultó electo Cálix. Esa designación debía ser ratificada dos días después, pero el domingo siguiente fue Redondo quien juró como presidente en el Congreso, mientras que la confirmación del líder díscolo de Libre ocurrió en un club de campo.
Desde la bancada que respalda a Redondo, sostienen que la idea de los acercamientos es lograr que los disidentes vuelvan a las filas de Libre y respeten el pacto acordado con el Partido Salvador de Honduras (PHS), liderado por Salvador Nasralla.
Según ese pacto, suscrito antes de las elecciones, el nombramiento del líder del Congreso sería decisión de Nasralla. El ahora designado presidencial se decantó por Redondo, del PHS, pero la decisión fue rechazada por la disidencia de Libre, que consideró que la jefatura de la Cámara debía recaer en las filas de su partido.
Una de las propuestas sobre la mesa era que la presidencia recayera en una tercera figura, pero Nasralla se negó de plano. El miércoles, las negociaciones no paraban. Según medios hondureños, la representante de Naciones Unidas (ONU) Alice H. Shackelford es quien estaría mediando entre ambos bandos.
Desde el revuelo de la semana pasada, al menos dos diputados de Libre se retractaron de su apoyo a la disidencia y respaldaron a Redondo, evitando la expulsión del partido. Sin embargo, Cálix ha sido cuidadoso. Pese a la etiqueta de «traidor» que le ha endosado Castro, él asegura que trabajará desde el Congreso.
Esa prudencia, de la mano con las intensas negociaciones, le permitieron que a última hora del miércoles se concretara una nueva propuesta hecha por la mandataria: que Cálix se integre al Gobierno como Coordinador de Gabinete.
El objetivo, en palabras de Castro, es que el diputado disidente –que ostenta el título del más votado de la historia– se una en aras de la «refundación de Honduras».
«Muchas gracias presidenta, fue un gran placer conversar con usted. Para mí y para cualquiera, sería un gran honor formar parte del gobierno de la resistencia y de la reconciliación nacional. Pronto recibirá mi respuesta», respondió Cálix. El diálogo en redes sociales estuvo acompañado de una fotografía de ambos conversando en un salón.
Un país por reconstruir
A pesar del estruendo que ha generado la pugna a lo interno del oficialismo, superar esa crisis política no es el único reto que enfrentará Xiomara Castro. La situación actual del país, severamente afectado por el covid-19, representa un desafío mayúsculo para su Gobierno.
Con unos niveles de pobreza que ya se ubicaban en 74 % antes de la pandemia (y hasta 82 % en entornos rurales), Honduras es uno de los países centroamericanos con mayor número de población vulnerable. Ese hecho incontrovertible es la raíz del aumento del número de migrantes que deciden emprender el peligroso viaje a EE.UU.
El aumento del flujo migratorio, que preocupa seriamente a Washington, es una de las razones por las que EE.UU. también ha estado alentando las conversaciones dentro del oficialismo, ya que una eventual crisis institucional podría ser contraproducente en su plan de frenar las caravanas que salen de Centroamérica con destino a territorio estadounidense.
De hecho, las detenciones de hondureños en la frontera de EE.UU. aumentaron casi ocho veces el año pasado, al pasar de 41.543 personas arrestadas en 2020 a 319.324 en 2021.
Y es que, además de la violencia sistémica que condena a la población a la pobreza y empuja a la migración, en 2021 el país reportó el aumento de 6,5 % del número de homicidios en comparación con 2020.
Estos elementos, aunados al impacto de desastres naturales como los huracanes Eta e Iota que asolaron a Honduras el año pasado –y afectaron especialmente las zonas rurales dedicadas a la producción de alimentos–, configuran un escenario de crisis económica, social, política y migratoria que deberá afrontar la nueva mandataria.
