Seis meses después de las sorpresivas protestas contra el gobierno cubano, activistas y familiares de personas encarceladas informaron que esta semana se enjuiciará a 57 manifestantes que podrían ser condenados a penas de hasta 30 años de prisión por sedición.
La decisión de las autoridades de procesar a los participantes de las movilizaciones del 11 y 12 de julio -que dejaron un muerto y comercios y vehículos destruidos-, fue criticada por otros países y por opositores.
Aunque nunca se dio una cifra oficial de detenidos, en agosto funcionarios del Tribunal Supremo Popular indicaron que se habían realizado 23 juicios sumarios a 67 acusados de cargos menores -como desorden público- y aseguraron que seguirían las investigaciones.
Desde entonces a la fecha se formalizaron procesos ordinarios para las acusaciones más graves como sedición, explicó a The Associated Press Salomé García, una de las integrantes de Justicia 11J, una agrupación con miembros en Cuba y en el extranjero que hace un relevamiento sistemático de los detenidos y un seguimiento de las familias.
