El fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, afín al Gobierno de Nayib Bukele, pidió este lunes a la Corte Suprema de Justicia de ese país que revise ese tratado de extradición con Estados Unidos porque se trata de «una normativa preconstitucional y que resulta, por lo tanto, necesaria la revisión de la constitucionalidad de la misma».
El argumento principal Delgado es que «sus estipulaciones deberán consagrar el principio de reciprocidad y otorgar a los salvadoreños todas las garantías penales y procesales que esta constitución establece».
En ese sentido, el fiscal general apunta como algo «imperativo que se revise el contenido del tratado» con Estados Unidos por el contexto en que fue aprobada la actual Constitución salvadoreña, en plena dictadura cívico-militar.
De hecho, Delgado, en sus declaraciones dijo que pedirá, asimismo a la Corte Suprema de Justicia, que negocie un nuevo tratado de extradición con Estados Unidos y lo justificó «tomando en cuenta que las disposiciones constitucionales son la máxima expresión de la voluntad del soberano».
La petición del fiscal Delgado se enmarca en el caso del pandillero Eliú Melgar Díaz, alias «Blue», requerido por una corte de Virginia, Estados Unidos, donde enfrenta una acusación por terrorismo.
Al respecto, el fiscal general Delgado considera que no hay suficientes garantías procesales y penales para someter al pandillero ante la justicia estadounidense.
Delgado sostiene esa petición a pesar de que Estados Unidos envió la nota diplomática No. ACS 14/2020 a El Salvador donde establece que en caso de que Melgar Díaz sea encontrado culpable, no le impondrán la pena de muerte y que, además, podrá optar por beneficios penitenciarios que le permitan sortear una condena de por vida.
Este es el más reciente episodio de tensión en las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador, cuyos vínculos se encuentran en su nivel más bajo en los último años, de acuerdo a recientes declaraciones de la exembajadora estadounidense, Jean Manes.
También el asunto de la extradición de pandilleros entra en el debate interno en el cual la oposición acusa al Gobierno de Bukele de haber entrado en arreglos extrajudiciales con las pandillas para asegurar gobernabilidad.
