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Bruselas defiende su propuesta de considerar la energía nuclear y el gas como verdes por “realista, pragmática y temporal”

Bruselas sabe que se va a tener que emplear a fondo para defender su propuesta de incluir a la energía nuclear y el gas natural en su catálogo de actividades verdes. “Es una propuesta pragmática y realista para facilitar la transición energética”, argumentan fuentes de la Comisión Europea, que añaden, además, que es también “temporal”, es decir, una herramienta para facilitar la transición hacia una economía libre de emisiones en 2050. Busca así, por la vía del no hay más remedio, convencer los Estados miembros –ya hay algunos que han mostrado su rechazo a la propuesta, entre ellos España, Austria o miembros del gobierno de coalición de Alemania- y al Parlamento Europeo, que son quienes pueden frenar la iniciativa.

Lo primero que ha tenido que defender este lunes la Comisión han sido las formas en que presentó su borrador: puso en circulación su propuesta a última hora del pasado 31 de diciembre, al filo de las campanadas que marcan el cambio de año. “Anunciamos varias veces que nos comprometíamos a presentar una propuesta antes de fin de año. No había razón alguna para pasar esto a escondidas”, ha respondido Eric Mamer, el portavoz de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Otras fuentes, por su parte, entran ya en el contenido y señalan con énfasis que la propuesta ha sido elaborada tras la consulta con expertos, algo recogido en las normas comunitarias que regulan los actos delegados, el mecanismo legislativo por el que tramita la propuesta.

La iniciativa que ha puesto la Comisión sobre la mesa otorga la etiqueta de verdes a las centrales nucleares que ya están en marcha y a las que se construyan al menos hasta 2045 y a las plantas de generación de electricidad con gas hasta 2030. Esa catalogación, como recordaban este lunes fuentes de la Comisión, servirá para orientar a los inversores privados tratando así de que contribuyan en la transición de una economía basada en los combustibles fósiles a otra libre de emisiones en 2050. Entre tanto, “necesitamos estas energías”, apostillan en la Comisión.

Los argumentos que expone Bruselas pasan por la inevitabilidad de recurrir al gas y a la energía nuclear. Conscientes como son de que están entrando en un campo lleno de minas buscan convencer por la vía de la falta de alternativas viables si se quiere mantener el nivel de actividad económica y que los precios no se instalen definitivamente en los niveles actuales. La energía nuclear lleva décadas levantando ampollas en las opiniones públicas de varios países europeos y el gas natural -materia prima cuya procedencia principal es la Rusia de Vladimir Putin- se ha convertido en los últimos meses en el principal responsable de una escalada del IPC sin precedentes en las últimas décadas. Y esto ha ido dividiendo a los diferentes estados miembros, también en función de sus respectivas apuestas inversoras y estratégicas de los últimos años.

“No puede haber emisiones cero en 2050 sin contar con la energía nuclear”, declaró el pasado domingo Clement Beaune, el secretario de Estado de Asuntos Europeos del Gobierno francés. Repetía así una máxima que ha sido esgrimida desde el Eliseo reiteradamente en los últimos meses. Francia, una país con una larga tradición de apuesta nuclear como vía para lograr la máxima autonomía energética, ha desplegado en los últimos meses una auténtica ofensiva para llegar al punto que se alcanzó el viernes por la noche. Además, París ha ahormado una alianza con varios países del centro y el este de Europa que compartían sus opiniones, entre ellos, Polonia, Chequia, Eslovaquia o Bulgaria. De hecho, fuentes de la delegación búlgara en Bruselas apuntan que su país apoya la propuesta del Ejecutivo de Úrsula von der Leyen. Lo mismo que ha hecho en público el embajador polaco ante la Unión Europea.

Los Países Bajos, como bastantes otros países miembros, todavía no han dado a conocer su opinión sobre este último movimiento de Bruselas, pero sus portavoces en la capital comunitaria recuerdan que hace apenas unas semanas apoyaron la posición francesa en este debate. Añaden, también, que no veían claro que el gas fuera catalogado como energía verde siquiera temporalmente.

La posición alemana es justamente la contraria. Para Berlín, lo inasumible ha sido la apuesta por los reactores atómicos desde que el Gobierno de Ángela Merkel decretara el cierre de las centrales nucleares tras el accidente de Fukushima en Japón. “Etiquetar la energía nuclear como sostenible es un error con esta tecnología de alto riesgo”, declaró el vicecanciller y ministro alemán de Economía y Protección del clima, el ecologista Robert Habeck, nada más conocer la propuesta. Completando estas palabras, un portavoz oficial del Ejecutivo señaló que la energía nuclear “no puede ser clasificada como sostenible” pero sí veían el gas como una fuente de transición. No obstante, la posición definitiva del nuevo Ejecutivo alemán está por cerrarse: “Examinaremos rápidamente la propuesta de la UE y nos coordinaremos dentro del gobierno federal”, ha admitido la ministra de Medio Ambiente, Steffi Lemke, informa Enrique Muller.

Por ahora, las posiciones más contundentes han sido las de Austria, que ha llegado a advertir a Bruselas que llegará hasta los tribunales para vetar la clasificación de la energía nuclear como verde, y la de España. Aunque tras la contundencia del rechazo español llega el matiz al proponer que ambas fuentes se cataloguen como “ámbar, intermedia, por su papel en la transición [energética], pero que no sean consideradas verdes, donde están otras energías claves para la descarbonización y sin riesgo ni daño ambiental”.

Para saber si esa vía que sale de Madrid sirve de punto de encuentro no falta mucho. En doce días los países miembros deben presentar sus observaciones y la Comisión Europea decidirá si hay opciones de llegar a una entente con Los Veintisiete y el Parlamento. Podría continuar adelante, incluso, si no hubiera consenso, porque la propuesta no requiere la unanimidad de todos para salir adelante y solo podría ser vetado con el rechazo de una mayoría cualificada en el Consejo (55% de países que agrupan a un 65% de población) o el Parlamento.



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