Naciones Unidas se suma a las múltiples condenas contra la junta militar birmana por la última masacre perpetrada en Myanmar, un día antes de Navidad. Martin Griffiths, secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios y coordinador de la Ayuda de Emergencia de la ONU, denunció este domingo la muerte de al menos 35 civiles y la desaparición de dos trabajadores de la organización Save the Childen en la pequeña localidad de Moso, en el municipio de Hpruso, en el este del país, donde reside una comunidad cristiana. En un comunicado, el diplomático británico se mostró “horrorizado” por la matanza, que, según la oposición al Gobierno castrense, fue llevada a cabo por tropas del Tatmadaw (Ejército birmano) como parte de una “operación de limpieza étnica”.
“Informes creíbles aseguran que al menos 35 personas, entre las que figura por lo menos un niño, fueron obligadas a abandonar sus vehículos, asesinadas y quemadas. Dos trabajadores humanitarios continúan en paradero desconocido” subrayó Griffiths, quien también instó a las autoridades a que “inicien de inmediato una investigación exhaustiva y transparente sobre el incidente para que los autores del crimen puedan comparecer ante la justicia”.
El sábado se hallaron decenas de cuerpos carbonizados dentro de varios vehículos completamente destruidos en las inmediaciones de Moso, en el Estado de Kayah, a unos 240 kilómetros al sureste de la capital birmana, Naipyidó. El Gobierno de Unidad Nacional –el Gabinete en la sombra formado por legisladores cesados a raíz del golpe del 1 de febrero, representantes de la oposición y miembros de grupos étnicos, que asegura ser la representación legítima del pueblo birmano– ha atribuido el ataque a la junta liderada por Min Aung Hlaing, en respuesta a los grupos de resistencia que operan en esta área.
