El Gobierno mexicano anunció este jueves que impulsará la creación de un Centro Nacional de Identificación Humana para atender la grave crisis humanitaria que ya ha dejado un saldo de más de 95.000 desapariciones en el país.
Así lo explicó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, al presentar un informe durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador y que abarca los resultados de sus primeros tres años de gestión.
«Con el apoyo del Congreso y de los familiares, crearemos un Centro Nacional de Identificación Humana para poder atender el rezago y establecer mecanismos de identificación masiva«, dijo al asumir la crisis forense que existe en México.
«Esperamos avanzar pronto en el Centro porque necesitamos tomar medidas que nos ayuden a atender estos conflictos de carácter estructural que se fueron incubando durante muchos años y que está siendo difícil revertir, pero estamos convencidos de que con esta política y la actuación conjunta del Estado puede resolverse», señaló.
El funcionario añadió que el actual Gobierno reconoció desde un inicio que había una crisis de derechos humanos que se profundizó ante omisiones del Estado, que en muchos casos dejó las tareas de búsqueda en manos de los familiares.
Por el contrario, dijo, durante este Gobierno se han establecido dos ejes de trabajo: el primero para ofrecer respuestas a los familiares ya que es evidente que «existen muchos agravios, enojo, indignación», y el segundo, para fortalecer las capacidades institucionales.
De acuerdo con los datos oficiales, hasta este jueves hay en México 96.110 personas desaparecidas o no localizadas, lo que demuestra que la crisis humanitaria se profundizó a partir de 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico.
Impunidad
Encinas también recordó que, durante los primeros tres años de Gobierno de López Obrador, ya se crearon centros de identificación en los estados de Coahuila –en donde actualmente se analizan más de mil cuerpos encontrados en fosas comunes–, San Luis Potosí y Tamaulipas.
Además, se establecieron cinco centros de resguardo temporal en Michoacán, Tamaulipas, Jalisco y Veracruz, que garantizar una atención adecuada a los cuerpos de las personas fallecidas que necesitan ser identificadas.
Con respecto a los trabajos de la Comisión Nacional de Búsqueda, reveló que ha realizado 2.200 jornadas de búsqueda de cuerpos en 28 de los 32 estados del país.
Por otra parte, señaló que el número de beneficiarios del programa de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos aumentó de 798 a 1.504 en tres años, pero lamentó que el 90 % de los ataques permanecen impunes.
«El 45 % de las agresiones contra periodistas y defensores proviene fundamentalmente de autoridades municipales, vamos a tener que hacer una revisión de la Ley General de Víctimas para eliminar cualquier discrecionalidad de recursos y atender de inmediato los requerimientos no sólo de reparación, sino de protección», dijo.
En términos generales, precisó que desde que López Obrador comenzó a gobernar en diciembre de 2018, se han invertido 6.103 millones de pesos (alrededor de 305 millones de dólares) en programas de derechos humanos.
Encinas recordó que durante esta administración se han concretado reparaciones relevantes que incluyeron indemnizaciones a los familiares de las víctimas, como en el caso de los 65 mineros que fallecieron en 2006 en la mina de Pasta de Conchos (Coahuila) y el de la guadería ABC (Sonora), en donde en 2005 murieron 49 niños.
