El procurador general del Estado, Daniel Soria, denunció al presidente de Perú, Pedro Castillo, ante la Fiscal de la Nación por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.
La denuncia se basa en las reuniones que la empresaria Karelim López sostuvo aparentemente con Castillo para que, supuestamente, favoreciera al consorcio de empresas que ella representaba en la licitación de un puente, según informó la Procuraduría General del Estado en un comunicado.
Al menos uno de esos aparentes encuentros se produjo fuera del Palacio de Gobierno de Lima para que no quedara registro oficial, como demostró un reportaje periodístico del programa dominical Cuarto Poder que captó a López y el presidente Pedro Castillo dentro de un mismo inmueble del distrito limeño de Breña al mismo tiempo.
Pocos días después de ese supuesto encuentro, el consorcio Puente Tarata III que ella representaba ganó la licitación con un contrato de 232.5 millones de soles gracias a una oferta 27 céntimos de sol más baja que la siguiente mejor calificada.
Este consorcio se adjudicó así la obra pese a que el presidente del comité de selección, Miguel Espinoza, había advertido que no había presentado facturaciones de obras similares realizadas en el pasado, uno de los requisitos marcados en las bases del concurso público.
Soria señaló en su denuncia que existen sospechas de que el presidente peruano “también se encontraría inmerso en la conducta de tráfico de influencias” que investiga el Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Lima.
En ese caso está investigado el ex secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, por las presuntas presiones ejercidas a los comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea para ascender a militares allegados al presidente.
En esta jornada, la Fiscalía allanó las casas de Pacheco y López, quienes tienen actualmente impedimento de salida del país por este caso de presunta corrupción.
