La Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó un informe este miércoles donde se analiza lo acontecido durante el Paro Nacional desarrollado entre el 28 de abril y el 31 de julio en Colombia, reportando «graves violaciones a los derechos humanos», que tienen a las fuerzas de seguridad como principales responsables.
Entre sus conclusiones, se destacan «privaciones arbitrarias de la vida y violaciones a la integridad y seguridad personal, derivadas del uso innecesario o desproporcionado de la fuerza». Ello, sumado a las «detenciones arbitrarias», la «violencia sexual y de género», y los «actos de discriminación y racismo».
Asimismo, la ONU subrayó «casos en los que las víctimas eran indígenas y afrodescendientes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos».
Sobre las víctimas fatales, la Oficina de Derechos Humanos recibió información sobre 63 muertes en el contexto de protestas. De ese número, pudo verificar 46 casos, de los cuales 28 serían homicidios a manos de la fuerza pública, diez habrían sido cometidos por «actores no estatales» y en ocho no se pudieron obtener datos suficientes.
El informe también refleja que los uniformados habrían usado armas letales «contra manifestantes pacíficos y transeúntes que no estaban participando de las protestas». Ello, sumado al uso inadecuado de otros elementos, como lanzadores de agua, gases lacrimógenos, bombas aturdidoras y escopetas antidisturbios, que «habrían causado la muerte y graves lesiones físicas de personas». Entre las heridas, hubo «traumatismo craneoencefálico grave, pérdida de globos oculares y deformaciones faciales permanentes».
La Oficina remarcó que «Colombia debe reformar de manera urgente la gestión de protestas para prevenir más violaciones a los derechos humanos». En otras palabras, «deberá mostrar una moderación al recurrir a la dispersión y el uso de la fuerza, conforme a los estándares internacionales».
