La Comisión Europea ha dado este viernes un último aviso a los gobiernos de Polonia y Hungría antes de activar formalmente el mecanismo para congelar el desembolso de fondos comunitarios por su deriva autoritaria y ataques contra el Estado de derecho.
El Ejecutivo comunitario ha enviado «cartas administrativas» a Varsovia y Budapest en la que solicita «información que podría ser relevante para la aplicación del régimen general de condicionalidad», ha confirmado a Europa Press un portavoz de la Comisión.
Los gobiernos de Polonia y Hungría disponen ahora de un plazo de dos meses para enviar la información solicitada a la capital comunitaria y después Bruselas evaluará las respuestas para decidir si se cumplen las condiciones para activar el mecanismo que suspendería, en ultima instancia, el pago de recursos europeos a estos dos países.
La UE cuenta con un nuevo reglamento que permite a Bruselas denegar el pago de fondos comunitarios –también los previstos en el plan de recuperación– a países que han violado los principios del Estado de Derecho para proteger los intereses financieros del bloque.
Esta normativa –vigente y aplicable desde el pasado 1 de enero– fue aprobada con el rechazo de los gobiernos de Hungría y Polonia, que consideran que es arbitraria y carece de base jurídica, por lo que durante varias semanas bloquearon la adopción del presupuesto europeo y del plan anticrisis de 800.000 millones de euros.
Ambas capitales cedieron y levantaron su veto antes de que finalizara 2020, pero garantizaron que llevarían sus dudas ante el Tribunal de Justicia de la UE (TUE), un paso que dieron en marzo. A cambio, el Ejecutivo comunitario se comprometió a no iniciar ningún procedimiento hasta conocer el veredicto de la Justicia europea.
El paso dado por Bruselas este viernes no activa formalmente el procedimiento, pero manda un ultimátum a ambas capitales y permite a las autoridades comunitarias estar preparadas para actuar cuando se conozca el fallo. El dictamen preliminar del Abogado General se espera el próximo jueves, 2 de diciembre, y la sentencia posterior llegaría a principios de 2021.
En este contexto, el Parlamento Europeo ha denunciado a la Comisión Europea por no haber actuado todavía contra Polonia y Varsovia utilizando este mecanismo de condicionalidad ante el tribunal con sede en Luxemburgo.
