El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, defendió la política fronteriza del gobierno de Joe Biden ante los miembros del Comité Judicial del Senado. Explicó que el DHS tiene “recursos limitados” y que no todos los indocumentados con orden final de deportación serán expulsados del país.
Mayorkas les dijo el martes que no todos entre los más de 1,200,000 inmigrantes indocumentados con órdenes finales de deportación deberían ser expulsados: “El hecho de que un individuo sea un indocumentado removible no debería ser el único motivo de una acción judicial contra ellos».
También cuestionó la validez de la totalidad de las órdenes finales de deportación existentes, muchas de las cuales fueron emitidas en ausencia debido a fallos en las Notificaciones de Comparecencia (NTA). Ese problema fue zanjado por la Corte Suprema, que dictaminó que los documentos mal escritos, sin fecha o con direcciones incorrectas, no eran válidos.»No aceptaría necesariamente el hecho de que todos (los indocumentados con una orden final de deportación) hayan recibido el debido proceso», dijo el secretario.
Reafirmó las prioridades de deportación que fueron anunciadas en febrero y actualizadas en octubre por medio de un memorando que envió a los directores de todas las agencias bajo su mando. Contempla lo siguiente:
- Las prioridades
Tal y como anunció el gobierno en febrero, las prioridades de deportación son:
– Amenaza a la seguridad nacional: un no ciudadano que participe o sea sospechoso de terrorismo o espionaje, o relacionado con el terrorismo o actividades relacionadas con el espionaje, o que represente un peligro para la seguridad nacional.
– Amenaza a la seguridad pública: un no ciudadano que represente una amenaza actual para la seguridad pública, generalmente debido a un delito grave.
– Amenaza a la seguridad fronteriza: un no ciudadano que represente una amenaza para la seguridad fronteriza.
2. Fecha clave: 1 de noviembre de 2020
El memorando de Mayorkas añade que un no ciudadano es una amenaza para la seguridad fronteriza si:
– Son detenidos en la frontera o puerto de entrada mientras intentan ingresar ilegalmente a Estados Unidos.
– Son detenidos en Estados Unidos tras haber ingresado ilegalmente después del 1 de noviembre de 2020. Esta fecha es clave para entender las prioridades de deportación del gobierno de Biden.
Sin embargo, la guía indica que en algunos casos se requerirá una evaluación más a fondo y se tendrá en cuenta “la totalidad de los hechos y circunstancias” para decidir la deportación.
3. Discreción procesal
Si bien el hecho de ser indocumentado no constituye una causa inmediata o única de deportación de Estados Unidos, Mayorkas recuerda en el documento un principio fundamental que rige la autoridad de los agentes federales de inmigración: “el ejercicio de la discreción procesal”.
Explica que, por ley, los funcionarios del gobierno federal tienen “amplia discreción” para decidir: quién debe estar sujeto a arresto, detenciones, procedimientos de deportación y ejecutar o llevar a cabo la deportación de un no ciudadano.
4. Población indocumentada
El memorando señala que hay 11 millones de personas indocumentadas o removibles (deportables) de Estados Unidos.
Sin embargo, señala que “no tenemos los recursos para aprehender y buscar la remoción” de todos ellos. Y que, debido a esto, “debemos ejercer nuestra discreción y determinar a quién priorizar para la acción de aplicación de la ley de inmigración”.
La prioridad, agrega, se enfoca en aquellos que han cometido crímenes y constituyen una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.
5. Reconocimiento oficial
Mayorkas dice en el documento que el gobierno, “al ejercer nuestra discreción, nos guiamos por el hecho de que la mayoría de los no ciudadanos indocumentados, que podrían ser objeto de expulsión, han sido miembros contribuyentes de nuestras comunidades durante años”.
Este grupo de personas incluye: personas que trabajan en primera línea en la batalla contra la pandemia del covid-19, individuos que lideran nuestras congregaciones de fe, personas que enseñan a nuestros hijos y trabajadores que laboran en los campos para ayudar a entregar alimentos a nuestra mesa.
6. No es la única causal
El hecho de ser indocumentado, precisa la guía, no convierte al no ciudadano en removible o deportable. Por lo tanto, “no debe ser el único motivo de acción de ejecución (de la ley de inmigración) contra ellos”.
“Usaremos nuestra discreción y enfocaremos nuestros recursos de cumplimiento de una manera más específica”, puntualiza la instrucción. “La justicia y el bienestar de nuestro país así lo requieren”.
7. Factores agravantes
Entre los factores agravantes que justifican la deportación se consideran, entre otros:
– Gravedad del delito, condena y la pena impuesta
– La naturaleza y grado de daño causado por el delito
– Uso o amenaza de uso de un arma de fuego o arma peligrosa
– Antecedentes penales graves.
8. Factores atenuantes
Sin embargo, también puede haber factores que mitiguen la prioridad de deportación. Entre ellas:
– Edad del no ciudadano (avanzada o si se trata de un menor)
– Presencia física prolongada en Estados Unidos
– Una condición mental que puede haber contribuido a la conducta delictiva, o condición física o condición mental que requiere atención o tratamiento
– Condición de víctima de un delito o víctima, testigo o parte en un proceso judicial
– El impacto de la deportación en la familia en Estados Unidos, tal como la pérdida del proveedor o cuidador
– Si el no ciudadano puede ser elegible para protección humanitaria u otro tipo de alivio migratorio
– Servicio militar u otro servicio público del no ciudadano o su familia inmediata
– Tiempo transcurrido desde una infracción y evidencia de rehabilitación
– Si la condena fue anulada o borrada.
* Durante el gobierno de Trump el sólo hecho de haber sido acusado de un delito constituía una prioridad de deportación. Incluso si el caso todavía no había sido sentenciado.
9. Asunto complicado y de derechos civiles
Mayorkas escribió que la decisión de cómo ejercer la discreción fiscal “puede ser complicada y requiere trabajo de investigación”.
“Nuestro personal no debe depender del hecho de una condena o del resultado solamente de una búsqueda en la base de datos. Más bien nuestro personal debe, en la mayor medida posible, obtener y revisar todo el expediente penal y administrativo y otra información de investigación para aprender de la totalidad de los hechos y circunstancias de la conducta en cuestión”.
La discreción de los agentes federales también apunta a respetar los derechos y libertades civiles de los no ciudadanos.
Precisa que la raza, religión, género, orientación sexual o identidad de género, el origen nacional o las asociaciones políticas nunca serán factores en la decisión de emprender acciones de ejecución.
10. Frontera
En cuanto a la situación en la frontera, el DHS ha advertido que continúa expulsando a migrantes bajo la autoridad del Título 42 de los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC).
Agrega que “aquellos que no pueden ser expulsados bajo el Título 42 y no tienen una base legal para permanecer (en Estados Unidos), son colocados en procedimientos de deportación acelerados o completos”.
El Título 42 fue activado en 2020 como parte de las medidas para frenar la pandemia del coronavirus en la frontera.
Respecto a los migrantes que no califican para ser deportados de manera expedita bajo el Título 42 de los CDC, el DHS dijo a Univision Noticias que “son colocados en ‘alternativas de Detención’” quienes, o bien quedan privados de libertad en una instalación de ICE o liberados con un documento legal”.
El documento legal mencionado se refiere a una Notificación de Comparecencia (NTA) para que el individuo se presente en una hora, fecha y dirección determinada como parte del debido proceso migratorio.
También incluye un aviso de presentarse a una oficina de ICE para un procesamiento de inmigración adicional, agregó.
Durante la comparecencia, el funcionario fue duramente interpelado por el alto número de inmigrantes arrestados durante 2021 en la frontera sur: un total de 1,956,519 encuentros.
A pesar de que la mayoría de los detenidos por las autoridades fueron expulsados bajo el Título 42 por la pandemia del coronavirus —una cuestionada herramienta habilitada durante el gobierno anterior y que sigue vigente— los republicanos mostraron preocupación por el alto número de extranjeros que sigue llegando a la frontera por lo que definen como una política de “puertas abiertas” de parte del gobierno de Joe Biden.
