La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) interpondrá recurso de apelación en contra de la resolución emitida este tarde por un magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) designado como Juez Natural en la causa contra el congresista Reynaldo Geovanny Ekonomo Fúnes, a quien le decretó auto de formal procesamiento únicamente por el delito de fraude a título de cómplice necesario, pero lo benefició otorgándole sobreseimiento definitivo por el delito de lavado de activos a título de autor.
Estas imputaciones promovidas ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) están relacionadas a una ampliación a la última línea de investigación judicializaba por corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en el caso denominado “14 contratos”, por el que ya un Juzgado del Circuito Anticorrupción decretó auto de formal procesamiento a los primeros 15 acusados en este megafraude de 158 millones 817 mil 897 lempiras, en torno a obras no ejecutadas o a medio ejecutar entre los años 2010 y 2013 en el Hospital Regional del Norte y clínicas periféricas de Cálpules en San Pedro Sula y de Torocagua en Comayagüela.
El expediente hace referencia a la suscripción irregular de 14 proyectos de obras públicas, civiles, eléctricas y mecánicas con al menos seis empresas sampedranas y en el caso particular del diputado Ekonomo Fúnes, quien fungió como Gerente General del Hospital Regional del Norte, se le vincula a la gestión, contratación fraudulenta y blanqueo de capitales con la empresa ingeniería OGO S. de R.L.
Según investigaciones de la UNAF y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) que extrañamente están siendo parcialmente desestimadas en el Poder Judicial, el 3 de mayo de 2011, Reynaldo Geovanny Ekonomo Fúnes, a través del memorando GGH-302/2011, tramitó ante la junta directiva del IHSS y el director ejecutivo Mario Roberto Zelaya Rojas la reparación del sistema eléctrico del Hospital Regional del Norte, esto debido a un supuesto colapso en el sistema de transformadores de energía eléctrica en las instalaciones, lo que dio paso a que el 16 de mayo del 2011 se suscribiera de forma directa el contrato No. 023-211 “Proyecto Reparación de Emergencia del Sistema Eléctrico de la Subestación Principal y Circuitos de Transformadores en Hospital Regional del Norte, del Instituto Hondureño de Seguridad Social, San Pedro Sula, Departamento de Cortés”.
De esa manera, el contrato se adjudicó a la empresa ingeniería OGO S. de R.L por un valor de seis millones de lempiras (L. 6,000,000.00), omitiendo los procedimientos en la Constitución de la Republica, la Ley de Contratación del Estado, su reglamento y las normas generales del presupuesto para el año 2011 y por el cual el IHSS terminó pagando a dicha empresa la cantidad de siete millones setecientos sesenta y cinco mil ochocientos veintidós lempiras con 75/100 (L. 7,765,822.75), sin existir una justificación o soporte legal, orden de cambio o un adendum para el aumento de costo.
Se acreditó, por tanto, que Reynaldo Geovanny Ekonomo Fúnes fue el autor intelectual para propiciar la suscripción fraudulenta e innecesaria del contrato que benefició a la empresa ingeniería OGO S de R.L, ya que se concluyó que el supuesto colapso suscitado en uno de los transformadores del Hospital Regional del Norte pudo ser resuelto por el personal de ingeniería y mantenimiento de dicho centro hospitalario, a lo que se suma el hecho que la obra quedó inconclusa y determinándose además una sobrevaloración por un valor de dos millones trescientos ochenta y cinco mil quinientos setenta y cinto lempiras con 02/100 (L. 2,385,575.02), lo que equivale a un 31% de sobreestimación.
Asimismo, se determinó que tales actos colusorios para defraudar al IHSS se produjeron a cambio de un beneficio económico totalmente al margen de la ley y a favor de Reynaldo Geovanny Ekonomo Fúnes y otros exfuncionarios ya con auto de formal procesamiento por estos mismos hechos, lo que quedó en evidencia con el análisis realizado a la información remitida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y los diferentes bancos del sistema financiero nacional, puesto que se constató que en la cuenta número 006-0301-03938-28 de banco Procedit, registrada a nombre de la empresa ingeniería OGO S. de R.L con firma autorizada de Oscar Guerra Ocampo, en el cual fueron depositados los fondos provenientes del IHSS por el pago del contrato No. 023-2011; de los mismos se emitieron 24 cheques para diferentes parientes y allegados del ahora parlamentario e inclusive un cheque salió directamente a nombre del imputado, los que suman un total de un millón novecientos cincuenta mil doscientos dos lempiras con 21/100 (L. 1,950,202.21).
Con los referidos recursos, el congresista efectuó actos estratégicos con el fin de perder el rastro de procedencia ilícita y garantizar así su disfrute, en razón que conforme a las investigaciones se pudo verificar que las terceras personas allegadas a Ekonomo Fúnes cambiaban los cheques y posteriormente se lo retornaban en efectivo.
Lo anterior, pese a haber sido sustentado con prueba técnica, sorpresivamente está siendo obviado por el Juez Natural, por lo que ante la Corte de Apelaciones Designada se apelará esta resolución, que deja dudas en cuanto al criterio diferido de lo ya resuelto en el Juzgado Anticorrupción el pasado 24 de septiembre cuando por los mismos hechos y delitos les dictó auto de formal procesamiento a: Carlos Montes Rodríguez (ex viceministro de Trabajo y miembro de la Junta Directiva), Javier Rodolfo Pastor Vásquez (ex viceministro de Salud y miembro de la Junta Directiva), Mario Roberto Zelaya Rojas (ex director del IHSS), José Ramón Bertetty Osorio (ex subgerente Administrativo y Financiero del IHSS), Wilmer Rolando Polanco (ex subgerente Nacional de Ingeniería y Mantenimiento del IHSS), Luis Alejandro Joya Fajardo (exsupervisor de obras civiles y exadministrador del Hospital Regional del Norte), Claudia Marisol Lazo Polanco (excoordinadora de la subgerencia Nacional de Ingeniería y Mantenimiento del IHSS) y Aldo José Sevilla Cerrato (exsupervisor de obras del Hospital de Especialidades del IHSS).
Igualmente, a los empresarios: Oscar Guerra Ocampo (gerente general ingeniera OGO), Alex Idilio Reyes Serrano (gerente general SOTECNI S de RL), Rubén Antonio Lozano Girón (gerente general de Construcciones Lozano de Honduras), Byron Eduardo Menjívar Fuentes (gerente general BM Construcciones), Francisco Javier Pineda Peña (gerente general Constructora JOALCA), Jack Jordan Bodden Álvarez (gerente general Diser-B) y Juan Carlos Maradiaga Ortiz (gerente general Constructora JC Maradiaga).
De estos procesados, a Mario Zelaya, Jose Bertetty, Luis Joya, Wilmer Polanco, Oscar Guerra, Alex Reyes y Juan Carlos Maradiaga, se les decretó prisión preventiva.
A los exfuncionarios se les acusó de delitos de violación de los deberes de los funcionarios, fraude y lavado de activos y a los empresarios de cooperadores necesarios de fraude, lavado de activos y testaferrato, por lo que en coordinación con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), el 26 de agosto pasado, en el marco de la Operación Omega VIII, se procedió al aseguramiento de 43 bienes considerados de origen ilícito, de ellos 13 fueron viviendas (12 en San Pedro Sula y Choloma y una en Tegucigalpa), 10 vehículos y 20 sociedades mercantiles, registradas su mayoría en la zona norte del país.
Otro encausado en el expediente “14 contratos” es el prófugo José Alberto Zelaya Guevara (ex subgerente Nacional de Suministros, Materiales y Compras del IHSS).
En general en todo el caso, de las diligencias efectuadas por la UNAF-SPS en conjunto con la ATIC, se establece que las diversas obras contratadas quedaron inconclusas, con mala calidad y sobrevaloradas en un 52 por ciento de lo pagado por el IHSS, siendo, inicialmente, el monto de los contratos de L.179 millones 503 mil 516 lempiras, pero lo desembolsado fue de L.158.8 millones, aun así, el valor sobrevalorado ascendió a 82 millones 937 mil 586 lempiras, de lo cual se favorecieron las personas encausadas.
El MP buscará que prevalezca la legalidad, de ahí la necesidad de apelar el sobreseimiento por el delito de lavado de activos a favor del diputado Ekonomo Fúnes.
