Los exmilitares que protestan desde hace días en Guatemala en reclamo de viejos adeudos forzaron su ingreso al Congreso para exigir ser escuchados y amenazaron con adoptar acciones más drásticas.
«Veteranos militares han forzado las puertas e ingresaron al parqueo (estacionamiento) del Congreso de la República de Guatemala, porque a esta hora aún no han sido atendidos.
Han dicho que pernoctarán en estas instalaciones y podrían tomar el aeropuerto internacional La Aurora», tuiteó el reportero maya Santiago Botón.
Diversos colectivos de trabajadores de la salud se unieron a los veteranos del conflicto armado (1960-1996) que desde la semana pasada realizan bloqueos de carreteras en Guatemala en reclamo de indemnizaciones por los servicios realizados.
Los manifestantes marcharon desde la capitalina Plaza de la Constitución hasta el Congreso para pedir a diputados que cumplan su promesa de aprobar una ley que avale la indemnización reclamada.
Según testimonios recogidos por Botón, corresponsal de la cadena TeleSur, los veteranos avisaron al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) que ningún hijo de soldado hará servicio militar hasta que lo hagan los hijos de los millonarios.
El diputado Samuel Pérez Álvarez, jefe de bancada del Movimiento Semilla (izquierda), cuestionó en redes sociales la reivindicación de los exmilitares, y propuso destinar los fondos solicitados a pagar las deudas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
«Veteranos militares ‘salvaron’ a Guatemala y dejaron uno de los modelos económicos, sociales, políticos y culturales más fracasados que existen (…) Destinemos eso a pagar la deuda al IGSS y empecemos a construir el Estado para el bienestar que sigue pendiente», tuiteó Pérez Álvarez.
Por su parte, el diputado guatemalteco Aldo Dávila denunció en redes sociales que los veteranos del conflicto armado (1960-1996) secuestraron al personal del Congreso, sin que la Policía o el Ministerio de Gobernación hiciera algo al respecto.
«No hay policía, no hay antimotines, estamos a oscuras, hay mujeres embarazadas, personas de la tercera edad… Estamos secuestrados adentro del Congreso de la República», relató Dávila en la red social Facebook.
Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, apoyada por Naciones Unidas, la guerra civil en Guatemala dejó unos 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos, la gran mayoría indígenas mayas.
La Comisión documentó unas 625 masacres perpetradas por la Fuerza Armada en Guatemala, 420 de ellas ocurrieron entre 1982 y 1983 durante la dictadura del general Efraín Ríos Montt.
