La Fiscalía Departamental de La Paz, en Bolivia, ratificó este miércoles el sobreseimiento de los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) acusados por el supuesto «fraude» durante los comicios de octubre de 2019, que dieron como ganador al entonces presidente Evo Morales, previo al golpe de Estado.
Tras rechazar una impugnación presentada por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), el Ministerio Público dio por cerrado el proceso que investigaba una presunta manipulación de los datos del sufragio, informó la Agencia Boliviana de Información (ABI).
De esta manera, se ratificó la absolución de los exvocales del TSE María Eugenia Choque, Antonio Costas, Edgar Gonzales, Lucy Cruz, Idelfonso Mamani y demás funcionarios, que estaban acusados de «falsificación de documentos, uso de documentos falsificados, manipulación informática, alteración y ocultación de resultados, entre otros».
Ya en diciembre de 2020, la jueza anticorrupción de La Paz, Claudia Castro, había ordenado anular y archivar la investigación por fraude electoral contra el expresidente Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera, ambos denunciados por el exmandatario y excandidato de la derecha boliviana, Carlos Mesa.
En noviembre de 2019, la Organización de Estados Americanos (OEA) entregó un informe sobre el proceso electoral, en el que advirtió que hubo «manipulación dolosa» en los comicios en los que había salido ganador en primera vuelta Evo Morales, quien buscaba su cuarto mandato consecutivo.
Esas elecciones fueron anuladas y, en medio de protestas ciudadanas, el expresidente Morales se vio forzado a renunciar a su cargo bajo amenazas de muerte por parte de la oposición y la policía, lo que derivó en un golpe de Estado en el país andino.
En julio de este año, ya con el MAS de regreso al poder, Evo Morales destacó que varios estudios internacionales, como el de la Universidad de Salamanca (España), encargado por la Fiscalía boliviana, «demuestran» que la denuncia por fraude fue «la mentira del siglo».
Y en agosto, ante la insistencia de la OEA sobre un aparente fraude, el Gobierno de Luis Arce acusó al secretario general del organismo, Luis Almagro, de querer interferir en los «asuntos internos» del país.
