Por no brindar la información en tiempo y forma y no publicar en los portales de transparencia el Instituto del Acceso a la Información Publica remite al menos 300 expedientes sancionatorios a la Procuraría General de la República.
Las sanciones son multas que oscilan entre medios, uno hasta 50 salarios mínimos, mismos que son pagadas con fondos públicos que luego los funcionarios tendrán que rendir cuentas por pagar una sanción pecuniaria personal.