Ni las protestas masivas de este martes en las principales ciudades del país en las que trataron de marcarles líneas rojas. Ni las promesas de hace dos semanas de establecer un Gobierno inclusivo. Ni tan siquiera las advertencias de ciertos países occidentales, de no reconocerlos si volvían a las andadas, disuadieron a los talibán de colocar en el Gabinete a un elenco de viejos conocidos de la oscura era pasada. Figuras de prestigio del islamismo violento, algunas sancionadas, otras en busca y captura. Inclusividad cero.
Este martes por la mañana, Kabul presenció la mayor manifestación desde la caída del Gobierno republicano. Una marea formada por cientos de mujeres y hombres que marcharon por el centro de la capital al grito de ‘¡muerte a Pakistán!’ y ‘¡libertad!’. Algunos incluso se atrevieron con el ‘¡muerte a los talibán!’, síntoma del reto político que tienen por delante los fundamentalistas, apoyados durante meses por el vecino pakistaní y que ahora se topan con el rechazo, principalmente en los núcleos urbanos.
Los extremistas respondieron a la vieja usanza: disparos al aire, latigazos, porrazos, arrestos y confiscación de material a los periodistas. Un gran grupo de mujeres quedó retenido en un aparcamiento, privadas por los talibán de ir solas por la calle. En Herat, donde también se registraron protestas, hubo al menos dos muertos, según fuentes médicas locales. «No permitiremos protestas ilegales. Controlaremos las protestas coordinadas desde el extranjero», advirtió el portavoz de los talibán. Un síntoma evidente de lo que vendría a continuación, un día después de cantar victoria frente a la resistencia en el valle del Panjshir.
Lo que se anunció no fue un Gobierno definitivo, sino un Ejecutivo transitorio que pisoteaba por completo la Constitución todavía vigente y que tenía como primera espada a quien nadie esperaba: no es que el mulá Hassan Akhund, cofundador de los talibán, hasta la fecha jefe del máximo organismo de decisión de los talibán en Pakistán y recién nombrado primer ministro en funciones, carezca de las credenciales necesarias para tal cargo; todos esperaban que fuese el mulá Baradar, una de las caras más mediáticas del movimiento, quien ocupase ese puesto. En cambio, Baradar será viceministro primero en funciones.
En la cúspide de su Ejecutivo, los talibán han colocado de emir al enigmático mulá Habiatullah Akhundzada. Alguien a quien no se ha visto desde su retorno al poder y cuyo paradero se desconoce. Así reencarna por completo la figura de su predecesor, el Mulá Omar, ocupando un cargo similar al del Líder Supremo de Irán: tendrá la última palabra en todas las cuestiones religiosas, militares y ejecutivas, pero no tendrá un rol en la gestión del día a día.
Pese a los compromisos iniciales de velar por la inclusividad del Ejecutivo, y al hecho incluso de haberse reunido con ex miembros del Gobierno republicano durante la fase de consultas, las designaciones parecen haber sido más fruto de la repartición de un botín de guerra entre las distintas facciones del movimiento. En un Afganistán multiétnico, el 90% de los máximos cargos los ocuparán personas de la etnia pastún, en su mayoría clérigos. Ni rastro de mujeres, una de las demandas de las calles estos días. Hasta el Ministerio de la Mujer del anterior Gobierno ha desaparecido. En cambio, los talibán han recuperado el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, a cargo de velar por la implementación de las normas más draconianas durante el anterior período talibán.
La elección de este Ejecutivo provisional, sin puesta de largo, aunque anunciado bajo la égida del Emirato Islámico de Afganistán, supone un reto para una larga lista de países que esperaban conocer sus integrantes antes de decidir qué tipo de relación tener con el país. Si bien Rusia o China no habían exhibido demasiados remilgos al respecto, EEUU, que habilitó a algunos líderes talibán para poderse sentar a negociar con ellos el repliegue, dijo que su reconocimiento estaría sujeto a que los talibán respetasen los Derechos Humanos y que su territorio no se usara para el terrorismo.
El ministro del Interior del Gabinete en funciones, Sirajuddin Haqqani, está en búsqueda y captura por el FBI estadounidense, con un botín de 5 millones de dólares. La organización casi familiar que encabeza es próxima a Al Qaeda y está entre las más violentas del espectro islamista. Hasta cinco altos cargos del nuevo poder afgano pasaron una temporada reclusos en el polémico centro de detención de Guantánamo. El mismo nuevo premier está sancionado por la ONU desde hace dos décadas.
