El expresidente de Colombia Álvaro Uribe aseguró que no tiene «culpa» en los miles de asesinatos de civiles cometidos por militares durante la feroz lucha antiguerrillera de su gobierno.
«La culpa nunca es de quien exige resultados con transparencia, (es) del incapaz criminal que para fingir resultados produce crímenes», expresó el exmandatario (2002-2010) en una reunión con miembros de la Comisión de la Verdad, un órgano extrajudicial que indaga sobre el conflicto de medio siglo con las extintas FARC.
Unas 6.400 personas fueron ejecutadas por militares y presentadas como bajas en combate durante el gobierno de Uribe, según la Justicia Especial para la Paz (JEP), tribunal surgido del pacto firmado con la insurgencia en 2016.
«Unos incapaces creían que producir resultados era producir crímenes», sostuvo Uribe durante el encuentro, que tuvo lugar en su residencia en el departamento de Antioquia (noroeste) y fue transmitido por redes sociales.
Algunos de los homicidios fueron cometidos por unidades militares que «para proteger a narcotraficantes y aparentar que sí los combatían lo que estaban haciendo era matar inocentes», explicó el exmandatario en un testimonio voluntario ante los miembros de la comisión, que no puede sancionarlo.
En junio su exministro de Defensa y sucesor en la presidencia, Juan Manuel Santos, reconoció ante este órgano que los crímenes ocurrieron por la «presión» del gobierno para dar resultados en la lucha contra la que fuera la insurgencia más poderosa del continente.
Varios militares han admitido ante la JEP su participación en asesinatos de civiles a cambio de días de descanso, viajes y otros beneficios.
El tribunal ofrece penas alternativas a la prisión a quienes acepten su responsabilidad y reparen a las víctimas.
Según Uribe a los militares «los están forzando (…) a reconocer delitos no cometidos en aras de proteger su libertad» en esta jurisdicción.
Los expresidentes están exentos de responder ante la JEP, que impondrá penas de hasta 20 años a quienes no aporten verdad en sus procesos.
El pacto de paz fue rechazado inicialmente en una votación popular, pero fue renegociado y ratificado luego por el parlamento. Uribe sostiene que este proceso fue «ilegítimo». Tomado de AFP
