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Moody’s baja la calificación a El Salvador y advierte riesgo para obtener créditos

Moody’s Investors Service (“Moody’s”) ha rebajado hoy las calificaciones de emisor en moneda extranjera a largo plazo y de deuda senior no garantizada del Gobierno de El Salvador de B3 a Caa1. La perspectiva sigue siendo negativa.

Los principales motivos de la rebaja que indica la calificadora en un comunicado son en primer lugar que es probable que el acceso al mercado de la deuda soberana siga siendo limitado ante el exigente calendario de amortización de la deuda a partir de 2023.

Como segundo punto señala un deterioro de la calidad de la formulación de políticas que ha intensificado los riesgos de aplicación de los planes de ajuste fiscal de las autoridades y ha aumentado la incertidumbre sobre las perspectivas de financiación.

La perspectiva negativa de la calificación Caa1 refleja la opinión de Moody’s de que la posición fiscal sigue siendo vulnerable y susceptible de sufrir perturbaciones de financiación que podrían poner en peligro la capacidad de reembolso del país ante el exigente calendario de amortización de su deuda en el mercado exterior que comienza en enero de 2023.

“La limitada disponibilidad de alternativas de financiación para el país y la incertidumbre en torno a la posibilidad de obtener nueva financiación del Fondo Monetario Internacional (FMI) sugieren que el Estado salvadoreño seguirá enfrentando presiones de liquidez en los próximos años, a pesar de la voluntad de las autoridades de promulgar medidas para lograr una mayor y gradual consolidación fiscal”, dice la calificadora.

Al mismo tiempo, Moody’s también redujo el techo de El Salvador en moneda extranjera de B1 a B2, manteniendo la brecha de dos notas entre la calificación soberana y el techo en moneda extranjera para reflejar el deterioro de la previsibilidad de las instituciones y las políticas gubernamentales, la débil efectividad de las políticas y la participación relativamente grande del gobierno en la deuda externa total del país.

La calificadora también señala que la situación de liquidez de El Salvador para 2021 ha mejorado como resultado de un aumento del 26,3% en los ingresos del gobierno central en enero-mayo de 2021 en relación con el mismo período de 2020, lo que refleja un fuerte repunte económico apoyado por un crecimiento del 45.3% en las entradas de remesas en enero y junio frente al mismo período del año anterior.

Moody’s prevé que el crecimiento económico para el país será del orden del 4.5% en 2021, con riesgos al alza por la continuidad de las altas entradas de remesas que apoyarían la demanda interna, tras una contracción del 7.9% en 2020.

Sin embargo, a pesar de estas mejores condiciones, Moody’s señala que “una serie de decisiones políticas han socavado la gobernanza y la solidez institucional, retrasando las negociaciones con el FMI, generando incertidumbre y añadiendo nuevos retos a la sostenibilidad de la deuda y al acceso al mercado. El 4 de junio, el gobierno se retiró de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador después de que la Organización de Estados Americanos, que estableció la comisión para luchar contra la corrupciónMoody’s, nombrara a un miembro de la oposición política como asesor”.

Antes de eso, el 1 de mayo, la Asamblea Legislativa recién juramentada, donde el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele tiene mayoría (56 de 84 escaños totales), votó para destituir y reemplazar a cinco magistrados de la Corte Suprema. Lo más controvertido fue el 9 de junio cuando la Asamblea Legislativa aprobó la primera ley del mundo para hacer que Bitcoin (una criptomoneda) sea moneda de curso legal en el país, de modo que tanto el dólar estadounidense como Bitcoin son ahora moneda legal para liquidar transacciones.

En opinión de Moody’s, estas medidas reflejan el debilitamiento de la gobernabilidad en El Salvador, aumentando las tensiones con los socios internacionales, incluido Estados Unidos (Aaa estable), y poniendo en peligro el avance hacia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el que el gobierno salvadoreño busca un préstamo de $1,300 millones.



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