La Policía Federal de Brasil abrió una investigación para aclarar si el presidente Jair Bolsonaro cometió un delito de prevaricación en el escándalo de la compra de vacunas Covaxin contra el COVID-19, informó la prensa local.
La investigación buscará saber «si Bolsonaro tomó medidas» cuando fue informado de que había irregularidades en el contrato de compra de esas vacunas y presiones atípicas en el Ministerio de Salud para que saliera adelante, adelantó el diario Folha de Sao Paulo.
La prevaricación es un delito recogido en el código penal en que en el agente público dejar de actuar o retarda una acción a propósito para satisfacer intereses personales.
El origen de la investigación está en unas afirmaciones del diputado federal Luis Miranda, que asegura haber avisado al presidente sobre las irregularidades en la negociación del contrato, que resultó en la vacuna siendo comprada mucho más cara que otros inmunizantes.
También alertó sobre las presiones que sufrió su hermano, Luis Ricardo Miranda, funcionario público del Ministerio de Salud, para que se comprara esa vacuna, a pesar de las dudas.
Según Miranda, Bolsonaro expresó su malestar y aseguró que ese tema lo llevaba el diputado Ricardo Barros (portavoz del Gobierno en la Cámara de Diputados), pero no tomó ninguna medida para aclarar lo que estaba ocurriendo o poner freno a las irregularidades.
La investigación a Bolsonaro se abrió a petición de la Procuraduría General de la República y fue autorizada por el Tribunal Supremo Federal; después de la luz verde de esta corte, la policía ya puede empezar a trabajar.
Cuando concluya sus trabajos, la policía entregará un informe a la Procuradoría General de la República, que deberá decidir si denuncia o no al presidente.
El escándalo de las vacunas está afectando a la popularidad del Gobierno; según una encuesta del instituto Datafolha divulgada el pasado fin de semana, el 70% de los brasileños cree que hay corrupción en el Ejecutivo de Bolsonaro.
