La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles una ley que garantiza la inmunidad penal para los funcionarios y particulares que han gestionado la pandemia de la COVID-19, una iniciativa que para la oposición busca opacar las investigaciones por corrupción.
La Asamblea Legislativa (Congreso), con mayoría del partido del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas (NI), se encuentra en el foco de las críticas internacionales por la destitución de magistrados del Supremo y del fiscal general, Raúl Melara, con quienes el presidente tuvo enfrentamientos durante el último año.
La ley aprobada hoy establece que la inmunidad se aplicará «ante cualquier reclamo» de irregularidades en la compra de tratamientos médicos para atender la COVID-19, y al ser retroactiva por ser considerada de «orden público», la inmunidad ante casos de corrupción cometidos desde el inicio de la pandemia.
La iniciativa, presentada a petición del presidente, Nayib Bukele, fue aprobada con 63 votos de los 84 diputados y lleva por nombre «Ley para el Uso de Productos para Tratamientos Médicos en Situaciones Excepcionales de Salud Pública Ocasionada por la pandemia COVID-19».
