La administración Biden está considerando crear un grupo de trabajo de funcionarios de los Departamentos de Estado y Justicia de Estados Unidos y otras agencias para ayudar a los fiscales locales a combatir la corrupción en los países del Triángulo Norte de América Central, dijo el jueves un alto funcionario estadounidense.
Ricardo Zúñiga, enviado especial de Estados Unidos para Guatemala, Honduras y El Salvador, también dijo a los periodistas que el gobierno de Estados Unidos tiene autoridad del Congreso para elaborar listas de funcionarios centroamericanos involucrados en corrupción, revocar sus visas de viaje e imponerles sanciones financieras.
Zúñiga habló pocos días antes de que la vicepresidenta Kamala Harris, elegida por el presidente Joe Biden para liderar los esfuerzos diplomáticos con Centroamérica, celebre una reunión virtual con el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei para discutir soluciones al aumento de la migración a la frontera de Estados Unidos con México.
Los funcionarios estadounidenses ven la corrupción como una de las principales causas del flujo de migrantes, junto con la pobreza y la violencia de las pandillas en sus países de origen, y quieren asegurarse de que un paquete de ayuda de $ 4 mil millones que se está preparando para la región no sea presa de la corrupción. .
«Es importante que Estados Unidos demuestre que estamos del lado de los que son víctimas de la corrupción», dijo Zúñiga en una conferencia telefónica.
Con las detenciones en la frontera entre Estados Unidos y México en su nivel más alto en dos décadas, principalmente impulsadas por migrantes centroamericanos, Biden está intensificando sus esfuerzos para aliviar una crisis humanitaria que ha sido una de sus primeras pruebas importantes desde que asumió el cargo.
El grupo de trabajo regional bajo consideración se enfocaría en casos específicos de corrupción y ayudaría a los fiscales de esos países a avanzar con sus investigaciones, dijo Zúñiga.
Dijo que Estados Unidos estaba decepcionado con el colapso de los organismos anticorrupción en Guatemala y Honduras, a los que llamó «retrocesos en un esfuerzo por promover la transparencia y combatir la impunidad».
La administración Biden ha estado explorando formas de revivir algunas de las funciones de estos órganos, que perdieron el apoyo de Estados Unidos bajo el ex presidente Donald Trump. Pero el restablecimiento de las unidades anti-soborno enfrentaría una firme oposición de las élites políticas y empresariales.
Guatemala fue pionera en un modelo respaldado por la ONU para combatir la corrupción con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, un equipo de abogados e investigadores veteranos que trabajaron con fiscales.
Pero su trabajo provocó una reacción formidable y fue expulsado del país en 2019. En Honduras, un grupo similar también se vio obligado a cerrar.
La semana pasada, el Congreso de Guatemala continuó su campaña contra destacados luchadores anticorrupción citando tecnicismos para desviar a la jueza Gloria Porras del más alto tribunal.
Al emitir una advertencia, Zúñiga dijo: «Tenemos un mandato del Congreso de Estados Unidos para desarrollar listas de funcionarios involucrados en la corrupción y proponer acciones en su contra».
Dijo que las acciones podrían ir desde revocar visas estadounidenses de personas sospechosas de corrupción, así como de familiares. También dijo que los departamentos de Justicia y Tesoro podrían señalar a los infractores. Tales sanciones a menudo implican congelar los activos estadounidenses y prohibir a los estadounidenses hacer negocios con ellos.
