La cosecha de cebollas de Georgia se aproxima y cada vez hay más vacunas contra el COVID-19. Los centros de salud para migrantes quieren empezar a vacunar a los trabajadores agrícolas. Pero hay un problema.
En Georgia y en muchas otras partes de los Estados Unidos, esos esfuerzos se ven bloqueados por políticas estatales que dan prioridad a otros grupos.
“Tenemos las manos atadas”, se quejó la directora del East Georgia Healthcare Center Jennie Wren Denmark, quien tiene a su cargo 13 clínicas, incluida una en Vidalia, donde se produce una famosa cebolla. Las vacunas de sus clínicas serán aplicadas a pacientes de una lista estatal a la que esta semana fueron incorporados los maestros, pero que no incluye a los trabajadores agrícolas.
Las autoridades de salud pública dicen que elaborar las listas estableciendo prioridades es un proceso complejo, en el que hay buscar un balance entre los datos sobre brotes, los riesgos de cada categoría de trabajadores, las necesidades de sectores vitales y una limitada cantidad de vacunas.
Los activistas a favor de los trabajadores agrícolas no ocultan su malestar.
“Las esperas irritan a la gente y la desesperan”, dijo Edgar Franks, de 41 años y líder del sindicato Familias Unidas por la Justicia, que los fines de semana trabaja en campos de moras de Mount Vernon, cerca de Washington. “Somos indispensables, pero no nos tratan como si fuésemos indispensables”.
Leticia Cuevas, de 35 años y quien trabaja en el cultivo de uvas cerca de Prossener, estado de Washington, dijo: “Espero que todo vuelva a la normalidad y que recibamos el mismo trato. Merecemos dignidad”.
Los trabajadores agrícolas corren mucho riesgo de contagiarse. A menudo viven amontonados en barracas y comen juntos en salones comedores. Generalmente viajan a los campos en camionetas o busetas atestadas. Otros trabajan en procesadoras con mucho movimiento.
Se calcula que 9.000 trabajadoras agrícolas fallecieron por el COVID-19 en Estados Unidos, según Jason Lusk, profesor de economía agrícola de la Purdue University. Casi medio millón se han infectado, de acuerdo con Purdue. Los estados con más infecciones son Texas, California, Iowa, Wisconsin, Oklahoma, Tennessee, Missouri, Florida y Minnesota.
La preocupación va más allá de los que trabajan en el campo o en procesadoras.
“Los trabajadores agrícolas son importante para la seguridad de nuestros alimentos”, dijo Lusk, quien hizo notar que los precios de los supermercados subieron el año pasado cuando brotes de COVID-19 forzaron el cierre de procesadoras de carne. “Si hay suficiente gente disponible para plantar y cosechar, las tiendas alimenticias no quedarán vacías y los precios no subirán”.
Cuevas, quien pertenece a la organización de activistas UFW Foundation, estuvo de acuerdo: “Estamos trabajando en el campo para alimentar a todas las familias”.
La semana pasada, más de 60 centros de salud que sirven a los trabajadores agrícolas de 21 estados empezaron a recibir vacunas para el COVID-19 directamente del gobierno federal, a través de un programa creado por el gobierno de Joe Biden. Pero en la mayoría de los estados, incluidos Texas, Nueva York, Georgia y la Florida, los trabajadores agrícolas todavía no son una de las categorías que puede vacunarse.
Y las vacunas del gobierno nacional llegan con una restricción: Los centros de salud deben respetar las prioridades fijadas por cada estado.
En el estado de Washington, los trabajadores empiezan a llegar para las cosechas de lúpulo, cerezas y manzanas.
“Para ser sincero, a medida que llegan y cuando sus pruebas dan negativo, habría que empezar a vacunarlos”, dijo Lori Kelly, de la Clínica de Trabajadores Agrícolas del valle de Yakima. “Queremos vacunarlos a todos”.
Pero no podrán ser inoculados hasta el 22 de marzo a menos que caigan en alguna de las categorías que ya han sido autorizadas a recibir la vacuna: las personas de 65 años para arriba y las de 50 para arriba que vivan en un hogar donde hay gente mayor.
En todo Estados Unidos, los trabajadores sanitarios y los ancianos son los primeros en vacunarse porque son los sectores más vulnerables. En las últimas semanas fueron incorporados otros grupos, incluidos los maestros, considerados vitales para que las escuelas reabran y los padres puedan volver al trabajo. Esas decisiones quedan en manos de los estados.
“Todas estas decisiones son increíblemente difíciles y lamentablemente la disponibilidad de vacunas es limitada”, manifestó Michele Roberts, subsecretaria interina de salud en el estado de Washington. Añadió que está consciente de que el trabajo en el campo “es una de las ocupaciones que más riesgos corren” y dispuso que sean el próximo grupo en vacunarse.
En algunos condados de California, las campañas de vacunación se enfocan en los trabajadores agrícolas.
“Me alegro mucho. Me siento muy bien”, dijo la trabajadora agrícola Mónica Gonzales en una clínica de vacunaciones móvil en Morgan Hill, California. Agregó que la vacuna le permitirá ver a su nieta.
Florida, que produce la mitad de los tomates que consume Estados Unidos y el 70% de los cítricos, todavía no incluye a los trabajadores del campo entre las categorías que pueden vacunarse. Lo que es más, la Florida tiene políticas restrictivas de residencia para la vacuna. La gente debe mostrar una identificación del estado o facturas de algún servicio público.
“El problema es que muchos trabajadores agrícolas no tienen estos documentos”, manifestó Alexis Guild, director de políticas de la salud de Farmworker Justice, una agrupación que defiende los intereses de estos trabajadores.
Sylvia Partida, directora del Centro Nacional de Salud de los Trabajadores Agrícolas, dijo que los estados tienen que modificar sus prioridades.
“Es lo lógico. Todos estos estados se benefician del aporte económico de los trabajadores agrícolas”, dijo Partida. “¿Por qué no cambiar los parámetros para velar por la seguridad de la fuerza de trabajo?”.
