Lai Xiaomin era el jefe de uno de los más grandes organismos de deudas incobrables establecidos por el gobierno, el China Huarong Asset Management, y se suponía que ayudaría a limpiar el sector bancario. Pero Xiaomin no dio el ejemplo, y en su sentencia, el Tribunal Popular Intermedio Nº 2 de Tianjin lo describió como un hombre que «no respeta la ley y es extremadamente codicioso».
En un comunicado, el tribunal también hace referencia a «sumas de dinero extremadamente importantes, así como a circunstancias especialmente graves y a intenciones extremadamente maliciosas».
Xiaomin fue condenado por obtener 215 millones de euros en sobornos. El tribunal también lo declaró culpable de malversación de 3,1 millones de euros en fondos públicos.
El exfuncionario afirmó no haber gastado ni un solo yuan pero, según los investigadores, se contentaba con acumularos en sus armarios. Cuando fue arrestado los medios estatales difundieron imágenes de un departamento, transformado en caja fuerte, donde se apilaban fajos de billetes.
Las fotos también mostraban coches de lujo y lingotes de oro que el acusado supuestamente había aceptado como soborno.
Xiaomin fue forzado a realizar confesiones frente a la televisión, como es usual en China cada vez que un funcionario de alto rango es presentado ante los jueces.
Con la mirada hacia el piso y flanqueado por dos policías, Xiaomin también fue declarado culpable de «vivir con otras mujeres» fuera de su matrimonio, con las cuales tuvo hijos ilegítimos.
Xiaomin se había declarado culpable de todas las acusaciones en el juicio en agosto pasado. Su sentencia de muerte no fue suspendida.
Xiaomin se convierte en la primera persona condenada por corrupción en ser ejecutada en China en una década.
China lanzó una importante campaña anticorrupción en 2012, después de que el presidente Xi Jinping se convirtiera en jefe del Partido Comunista de China (PCC).
Desde entonces, se han sancionado a más de 1,5 millones de dirigentes del PCC. La lucha contra la corrupción, muy común entre la población, se sospecha que también sirve para eliminar a las personalidades que se oponen a la línea del presidente.
El año pasado, un ex magnate inmobiliario chino, Ren Zhiqiang, fue sentenciado a 18 años de prisión. Se trata de una figura crítica en los ámbitos económicos y había publicado un artículo en el que criticaba la respuesta de las autoridades a la epidemia de covid-19, que apareció a finales de 2019 en Wuhan (centro).
