Losrefugiados que llegaron a Sudán son ya casi 50.000 y están de acuerdo en una cosa: cientos de personas fueron masacradas en Mai Kadra, una localidad al norte de Etiopía.
En todo lo demás, los relatos son divergentes. Algunos acusan a las fuerzas militares comandadas por el primer ministro, Abiy Ahmed, quien en 2019 recibió el Premio Nobel de la Paz por haber terminado décadas de guerra y disputas fronterizas entre Etiopía y Eritrea. Otros acusan a los ex socios de Ahmed en el gobierno, el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPFL), que se replegó a esa región, donde se encuentra Mai Kadra.
Los muertos son trabajadores rurales temporarios y familias del lugar: civiles. Se estima que en Mai Kadra fueron 600 en solo dos días de noviembre, el 9 y el 10.
Pero Mai Kadra “es sólo la punta del iceberg”, dijo Fisseha Tekle, investigador de Amnistía Internacional. “Están surgiendo otras acusaciones creíbles”. Según AP, se trataría de otras masacres en distintas localidades de la región de Tigray: Humera, Dansha y la capital, Mekele.
El gobierno no ha permitido la entrada de investigadores internacionales —Etiopía no necesita “niñera”, dijo, y avaló a la EHRC— ni de ayuda humanitaria; la prensa, desde luego, tampoco pudo ingresar, y las agencias como AP solo hablaron con los refugiados que huyeron a Sudán. Tampoco es posible usar teléfonos o internet para contactar a los civiles dentro del Tigray: las telecomunicaciones están bajo control de la capital nacional, Addis Ababa.
Según los refugiados de la etnia Tigray, los amharas los asesinaron con machetes, puñales y sogas, y dejaron los cadáveres descomponerse al sol. Los amharas, minoría en la región, son una de las dos etnias dominantes en el país, y en el Tigray representan al gobierno nacional.
Según los Amhara —el relato que también asumió la Comisión de Derechos Humanos Etíope (EHRC), independiente pero nombrada por Abiy— fue una facción de jóvenes del TPFL.
Hasta el momento, Amnistía Internacional identificó como perpetradores al TPFL y grupos simpatizantes; en cambio, el Financial Times identificó a los militares del país, la Fuerza Etíope de Defensa Nacional (ENDF) y Reuters agregó a la Fuerza Especial Amhara.
“Al que veían, lo mataban”, dijo Tesfaalem Germay, de la etnia Tigray, a AP. Llegó a observar cientos de cuerpos degollados, agregó. Pero en el mismo asentamiento de refugiados Abebete Refe, de la etnia Amhara, dijo que huyó de los asesinos identificados con las fuerzas del Tigray. “Ni el gobierno sabe que estamos vivos, creen que nos mataron a todos”.
Si bien logró la paz con Eritrea, en el frente interno el primer ministro ha sido más bien firme y poco pacifista. La tensión con los miembros del TPFL —cuyo líder es el presidente de la región, Debretsion Gebremichael— ha ido en aumento desde 2018, cuando la coalición de gobierno, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF), comenzó a sacarlos de los principales puestos del control del estado.
Históricamente Etiopía ha sido dominada por los amharas, que representan casi el 30% de los 115 millones de habitantes del país y es la segunda, detrás de los oromos. Los tigriños conforman el 7% de la población y se concentran en la zona de frontera, un área rural y pobre. Pero sus dirigentes habían ganado poder desde el ascenso del EPRDF en 1991, cuando la coalición intentó mantener las autonomías regionales en los territorios y garantizar cierta representación en el gobierno nacional.
El conflicto se intensificó cuando en 2018 Abiy derrotó en las elecciones a Debretsion, y dejó de estar en estado latente en septiembre de 2020, cuando el primer ministro decidió que se cancelaban las elecciones parlamentarias debido a la pandemia de COVID-19 y el Tigray decidió celebrarlas en rebeldía. El gobierno central no reconoció los resultados y canceló el envío de fondos federales, y el 4 de noviembre lanzó una ofensiva militar contra el TPFL.
Según testigos que hablaron con Amnistía Internacional, en Mai-Kadra las fuerzas tigriñas atacaron a los amharas, y AP escuchó historias similares entre los refugiados en Sudán; sin embargo, la agencia de noticias también encontró a otros, tigriños, que dijeron que fue al revés: “En relatos sorprendentemente similares, dijeron que ellos y otros fueron blanco de las fuerzas federales etíopes y las tropas regionales aliadas de los amharas”.
Según los investigadores de la comisión de derechos humanos local, “los cadáveres se alineaban en las calles a la espera de ser enterrados” y un hombre que ayudó a moverlos vio que sus documentos de identidad decían que eran amharas. Pero un mecánico que habló con AP, Samir Beyen, dijo que a él lo pararon, le preguntaron si era tigriño y, cuando lo confirmó, lo golpearon y le robaron; luego vio que mataban a docenas. “Era como el fin del mundo. No podíamos enterrarlos porque los soldados estaban cerca”, agregó.
Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, dijo que la situación era “extremadamente volátil” y se cometían graves abusos. ”El conflicto en el norte de Etiopía está fuera de control, con un preocupante impacto en los civiles”, agregó, y definió como urgente la necesidad de una supervisión “independiente”.
El gobierno etíope respondió que consideraba “denigrante” la propuesta, porque no necesitaba “niñera” para hacer su propia investigación.
Hasta el momento y desde que los militares etíopes ingresaron al Tigray a comienzos de noviembre, “aislaron la región del mundo, restringiendo el acceso a los periodistas y a la ayuda humanitaria”, denunció AP. Incluso detuvieron a los funcionarios de la ONU que habían llegado hasta el lugar para evaluar qué alimentos y suministros se necesitaba primordialmente. “El gobierno de Etiopía y el del Tigray llenan el vacío con propaganda. Cada lado usa los asesinatos en Mai-Kadra para apoyar su causa”, sintetizó la agencia.
