CARACAS, Venezuela — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha abordado al coronavirus de la misma manera que a cualquier amenaza interna para su gobierno: con el despliegue de su represivo aparato de seguridad.
El gobierno de Venezuela etiqueta a quienes puedan haber estado en contacto con el coronavirus como “bioterroristas”. Detiene e intimida a médicos y expertos que cuestionan las políticas de Maduro para enfrentar al virus.
Y acorrala a miles de venezolanos que regresan a casa después de perder sus trabajos en el extranjero, manteniéndolos en centros de detención improvisados por temor a que puedan estar infectados.
En hoteles incautados, escuelas en desuso y estaciones de autobuses acordonadas, los venezolanos que regresan son obligados a permanecer en habitaciones abarrotadas con comida, agua o cubrebocas limitados y mantenidos bajo vigilancia militar durante semanas o meses para hacerse las pruebas de coronavirus o recibir tratamientos con medicamentos no probados, según entrevistas con los detenidos, videos que han tomado con sus celulares y documentos gubernamentales.
“Nos dijeron que venimos contaminados, que somos culpables por infectar al país”, dijo Javier Aristizábal, un enfermero de la capital, Caracas, quien relató que pasó 70 días en esos centros luego de regresar de Colombia en marzo.
En San Cristóbal, una de las ciudades más importantes del país, los activistas del partido gobernante están marcando las casas de las familias sospechosas de tener el virus con carteles y amenazándolas con detenerlas, dijeron los residentes. En la cercana ciudad de Maracaibo, la policía patrulla las calles en busca de venezolanos que reingresaron al país sin autorización oficial. Los políticos opositores cuyos distritos electorales registran un brote dicen que los amenazan con ser enjuiciados.
“Este es el único país del mundo en donde tener COVID es delito”, dijo Sergio Hidalgo, un activista de la oposición venezolana que contó que había contraído síntomas de la enfermedad solo para terminar con agentes de la policía en su puerta y funcionarios gubernamentales acusándolo de infectar a la comunidad.
A medida que la pandemia arrasaba a los países vecinos y abrumaba redes de atención médica mucho más preparadas que el colapsado sistema de salud de Venezuela, Maduro adoptó un enfoque de línea dura y trató al coronavirus como una amenaza a la seguridad nacional que podría desestabilizar a su nación en bancarrota y poner en peligro su control del poder.
“La pandemia claramente representa una amenaza para el gobierno porque muestra la carencia de sus recursos”, dijo John Magdaleno, un politólogo venezolano en Caracas. “La prioridad es no encarar la pandemia. Es sobrevivencia política de corto plazo”.
En sus siete años en el poder, Maduro ha supervisado el colapso del sistema de salud de Venezuela, la destrucción de la economía nacional y un marcado aumento en el aislamiento internacional del país. 0:01 1:50 Ejecuciones extrajudiciales, el otro virus de Venezuela
Con recursos cada vez más escasos para preparar a los hospitales arruinados del país o ayudar a su ya empobrecida población a sobrevivir la crisis, Maduro ha recurrido a los centros de detención improvisados, la represión y la coerción para tratar de evitar que el virus abrume el país, dijeron analistas políticos.
El enfoque de mano dura del gobierno puede mantener a más personas en casa y desacelerar la propagación del virus, pero también desalienta a quienes pueden estar enfermos a buscar ayuda. Eso, a su vez, hace que la pandemia sea aún más difícil de combatir, dijeron médicos en Venezuela.
“Cuando la gente siente que está enferma cree que tiene un problema judicial o policial, como si fuera un delincuente”, dijo Julio Castro, un médico venezolano que asesora sobre atención médica a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. “Entonces la gente prefiere esconderse”.
El verdadero alcance de la pandemia en Venezuela, un país que dejó de publicar estadísticas de salud tan básicas como la mortalidad infantil hace años, es casi imposible de determinar.
Pero con 20 altos funcionarios que informaron que dieron positivo y algunos médicos que advirtieron que sus hospitales estaban cerca de agotar su capacidad, la situación puede ser mucho peor de lo que sugiere el recuento oficial de 288 muertos en un país de aproximadamente 30 millones de personas.
Médicos y periodistas que han cuestionado las estadísticas oficiales dicen que fueron amenazados. Según los sindicatos médicos, al menos 12 médicos y enfermeros venezolanos han sido detenidos por hacer comentarios públicos sobre el coronavirus.
Los migrantes venezolanos que regresan a casa después de perder sus trabajos en el extranjero a raíz de la pandemia son especialmente atacados.
Según el gobierno colombiano, alrededor de 95.000 venezolanos han regresado a su país de origen desde marzo y 42.000 esperan su turno a lo largo de la frontera.
Solo 1200 pueden regresar cada semana a través del cruce fronterizo principal, según las pautas del gobierno venezolano, lo que obliga a otros a esperar meses en campamentos improvisados. Aquellos que utilizan senderos ilegales para cruzar la permeable frontera terrestre son etiquetados públicamente como amenazas.
En Twitter, las fuerzas armadas de Venezuela instaron a la población a denunciar a los “bioterroristas”, refiriéndose a los venezolanos que habían regresado a casa y evadido los controles fronterizos del gobierno.
El Times entrevistó a seis venezolanos que se encontraban recluidos en centros de contención. Varios de ellos dijeron que habían sido hacinados en habitaciones sin camas, comida caliente, ventanas o suficiente agua potable.
“No puedes pedir ayuda por ningún lado, porque lo único que vas a conseguir es abuso”, dijo Aristizábal, el enfermero, quien fue trasladado a varios centros después de regresar de visitar a su madre en Colombia.
Aristizábal dijo que durante su detención había dormido en el suelo en un par de ocasiones: en el asfalto de una estación de autobuses y en el piso de una habitación de hotel sin ventanas que compartía con otras cinco personas.
Algunos dijeron que habían sido detenidos con bebés de apenas un año, sin disposiciones especiales para los niños. Otros contaron que se habían visto obligados a tomar los medicamentos descritos en el protocolo oficial de Venezuela para tratar a cualquier persona que tenga o sea sospechosa de tener coronavirus, incluso sin mostrar ningún síntoma.
Los medicamentos enumerados en las pautas gubernamentales no están comprobados como tratamiento para el coronavirus y podrían tener consecuencias peligrosas. Los protocolos incluyen hidroxicloroquina, que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos advirtió que puede causar anomalías peligrosas en el ritmo cardíaco en pacientes con coronavirus, y un antiparasitario llamado ivermectina, que la Organización Mundial de la Salud dijo que no debería usarse para tratar la enfermedad.
Las imágenes filmadas por los venezolanos en centros de confinamiento mostraron condiciones insalubres. Varias personas dijeron que no recibían tratamiento para condiciones preexistentes, se les dio un solo cubrebocas para su estadía y no pudieron practicar el distanciamiento social.
Pero lo peor, dijeron, fue que no tenían idea de cuánto tiempo estarían retenidos.
En un video publicado por un legislador de la oposición, se muestra a cinco hombres y mujeres mayores envueltos en mantas sucias y hacinados en una pequeña habitación sin ventanas con sillas que se caen a pedazos y una litera sin colchones en lo que dijeron que era una estación de primeros auxilios administrada por el gobierno en Caracas.
“Por favor, necesitamos que nos saquen de aquí”, dijo un hombre visiblemente angustiado. “Cada día me siento peor. […] Aquí me estoy muriendo”.
No es igual para todos
La represión de Maduro contra los migrantes venezolanos que regresan contrasta con la libertad que disfruta la élite gobernante del país, que capea el confinamiento en islas caribeñas privadas, mansiones en las colinas y lujosos restaurantes a los que se accede solo con invitación.
Los altos funcionarios del partido que contraen el coronavirus buscan tratamiento en clínicas privadas o en el confiable hospital militar de Caracas. Por unos pocos miles de dólares, los viajeros adinerados que regresan pueden saltarse la cuarentena obligatoria e ir directamente a casa.
Lujosas camionetas blindadas sin matrícula recorren los barrios exclusivos de Caracas por las noches, mientras que a unos kilómetros de distancia, milicias armadas progubernamentales hacen cumplir el confinamiento en las comunidades más pobres.
Maduro asegura que su rápida respuesta —confinó al país el 17 de marzo, justo después de que se confirmaran los dos primeros casos de coronavirus— ha evitado la devastación que padecen los países vecinos.
Oficialmente, Venezuela cuenta con una de las tasas de infección más bajas de la región. Cinco meses después de la detección del virus, el número de muertes diarias, según el gobierno, nunca superó las 12.
“A usted se le da una atención única en el mundo, atención humana, amorosa, cristiana donde esté”, dijo Maduro en un discurso a la nación el 14 de agosto.
Pero los expertos en salud dicen que las bajas cifras oficiales son el resultado de tasas extremadamente limitadas de pruebas. Las pruebas precisas de coronavirus son escasas y demoran semanas en procesarse en uno de los dos laboratorios aprobados por el gobierno, según ocho médicos de tres estados venezolanos entrevistados para este artículo. Los médicos no quisieron revelar sus nombres por temor a la persecución del gobierno.
La mayoría de los pacientes con síntomas de la COVID-19 no son sometidos a pruebas o mueren antes de recibir sus resultados, por lo que nunca se los incluye en las estadísticas oficiales, dijeron los médicos.
En el estado occidental de Zulia, el gobierno dijo que 70 personas habían muerto por la COVID-19 en la segunda semana de agosto. Pero un grupo de médicos que rastrean la mortalidad en el estado dijo que para entonces en un solo hospital —el más grande de Zulia— 294 pacientes habían muerto con síntomas de coronavirus.
Días antes de que Venezuela confirmara su primer caso de coronavirus, el gobernador de Zulia, Omar Prieto, dijo públicamente que había ordenado a la contrainteligencia militar interrogar a un reconocido médico por haber alertado sobre posibles infecciones.
“Este es un tema de seguridad de Estado y ese señor tiene que ser investigado”, dijo Prieto sobre el médico, Freddy Pachano.
Desde entonces Maracaibo, la capital de Zulia, se ha convertido en el epicentro de la pandemia en Venezuela.
En junio, un crematorio en Maracaibo pasó de procesar un promedio habitual de cinco cuerpos diarios a 20 cuerpos al día, antes de que su horno se dañara por exceso de trabajo, según el gerente de la instalación, quien habló bajo condición de anonimato por miedo a represalias.
Desde entonces, los funcionarios en Maracaibo han abierto una fosa común en el cementerio municipal.
Prieto, el gobernador, dio positivo por coronavirus pero se recuperó en una clínica privada.
Pachano, quien intentó dar la alerta sobre la inminente crisis, huyó a Colombia para evitar ser arrestado.
“No se pueden tomar las medidas adecuadas para luchar contra la enfermedad si no se sabe realmente dónde estamos parados”, dijo.
Anatoly Kurmanaev e Isayen Herrera reportaron en Caracas. Sheyla Urdaneta reportó desde Maracaibo. Lorena Bornacelly colaboró con reportería desde San Cristóbal.
