El FC Barcelona, tras la reunión de la junta directiva, considera que la auditoría realizada por la firma Price WaterhouseCoopers por el caso Barçagate de la monitorización de las redes sociales por la empresa I3 Ventures, demuestra que «no se encargó ninguna campaña difamatoria contra nadie, tampoco existió ningún comportamiento corrupto, los servicios contratados estaban dentro del rango de mercado, que no se cumplieron los protocolos internos del club para la contratación de los servicios aunque sí la junta directiva tuvo noticia de la contratación en dos reuniones de juntas directivas y que los trabajos son incompletos según los servicios contratados».
Las conclusiones fueron leídas por el portavoz de la junta Josep Vives que consideró que «el Barça ha salido perjudicado y atacado por esta campaña y es difícil que se nos repare el daño en lo que hace referencia a la reputación, porque nos han atacado de manera poco rigurosa».
Ante esta situación, la junta del Barça ha decidido por el momento emprender acciones legales contra todo aquel que haya insinuado ilegalidades por parte del club y solicita a los medios que se hicieron eco de estas acusaciones que rectifiquen al tiempo que anuncian que pedirán a dicha empresa que continúe con su trabajo. También han pedido al CEO del club, Òscar Grau que elabore un nuevo protocolo en caso de encargos «estratégicos y confidenciales» y se personarán ante la justicia para emprender acciones penales contra todos aquellos que les acusaron de extorsionar a Víctor Font, el precandidato objeto de estos ataques, que según la auditoría nada tiene que ver con el club.
Respecto al hecho de no respetar los protocolos de aprobación interna del gasto Román Gómez Ponti aseguró que «no podemos adelantar actuaciones, pero en proyectos estratégicos y confidenciales el error fue que no estaba normativizado (sic). Al pretender segmentar el contrato queríamos que cada parte asumiera la parte que le corresponde, quizás no estuvimos bien, pero en ningún caso hubo intención corrupta, porque si serían los más tontos del mundo al hacer un contrato anual».
El letrado del club añadió que «la investigación del juzgado número 13 de Barcelona es una cuestión que tendrá su recorrido y que nos interesa tanto como ella solventar y que la dejen trabajar tranquilamente porque el Barça está en la causa como entidad perjudicada».
De momento, el contratante de estos servicios, Jaume Masferrer, que según se reveló este lunes fue objeto de un intento de extorsión que está investigando la policía, «seguirá apartado de empleo y sueldo hasta que analicemos la totalidad de la documentación», según apuntó el portavoz del club, que añadió lo mismo en el caso de Noelia Romero, la compliance officer suspendida de empleo y sueldo durante el proceso y que «actualmente está de baja médica».
Más o menos lo mismo se respondió ante la pregunta de si hubo falta de atención del club cuando estas cuentas empezaron a insultar: «Es un tema que deberá estudiar la junta», dijo Gómez Ponti.
