ACLARACIÓN PÚBLICA
1. El Congreso Nacional no ha hecho ninguna reforma sino una interpretación al Código Procesal Penal en relación a los allanamientos a la propiedad privada.
2. Es importante primero aclarar que, el artículo 209 del Código Procesal Penal, que contiene el procedimiento para practicar “Registros de sitios o edificios públicos” no se ha reformado, ni derogado, ni interpretado, ese artículo establece que el Ministerio Público sin mayor trámite y siguiendo el procediendo establecido en dicho artículo puede registrar o inspeccionar edificios o instituciones públicas y recolectar elementos de prueba que tengan que ver con la supuesta comisión de delitos.
3. Lo que se interpretó en sesión el día de ayer en el Congreso Nacional, es que el domicilio y la propiedad privada de las personas, salvo caso de flagrancia (delito infraganti) o por libre voluntad (si la persona da su consentimiento) sólo puede ser registrado o inspeccionado y a la vez secuestrar elementos de prueba, SI LO ORDENÓ UN JUEZ COMPETENTE.
4. Además de ello, que los bienes que se secuestren, deben ser puestos inmediatamente a disposición del JUEZ que ordenó el secuestro para ser PERICIADAS (practicarles un peritaje en base a Ley), y será el Juez quien decida en manos de qué persona o institución se quedarán las mismas.
5. Esta INTERPRETACIÓN es apegada al derecho Constitucional que tenemos todas las personas de que EL DOMICILIO es INVIOLABLE y el respeto que se debe tener a la propiedad privada.
