Tegucigalpa M. D. C. 19 de abril de 2020
Sr. Juan Carlos Sikaffy
Presidente del COHEP
Su Oficina
Sr. José Luis Rivera
Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa
Su Oficina
Sr. Pedro Barquero
Cámara de Comercio e Industrias de Cortés
Su Oficina
INMINENTE EL CIERRE DE NEGOCIOS EN CENTROS COMERCIALES POR LA INCAPACIDAD DE PAGO DE
ARRENDAMIENTOS AUN CUANDO LOS ESTABLECIMIENTOS PERMANECEN CERRADOS. SE SOLICITA
MEDIACIÓN EN LA SUSPENSIÓN DE VIGENCIA DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DURANTE LA
PANDEMIA COVID-19. ASIMISMO SE SOLICITA LA RENEGOCIACIÓN DE CONTRATOS A CAUSA DE LA
DISMINUCIÓN DE CIRCULACIÓN DE CLIENTES Y DISMINUCIÓN DE VENTAS DURANTE EL AÑO 2020-21.
Ante todo, agradecemos su gestión y esfuerzos en pro de la economía nacional en ésta crisis causada
por la emergencia nacional decretada por el gobierno por causa del COVID-19, habiéndose
suspendiendo muchas garantías constitucionales, incluyendo la de la libre circulación y obligando al
cierre de incontables establecimientos comerciales así como los grandes centros comerciales. Asimismo
les agradecemos la atención que le brindaran a lo solicitado en la presente.
Como miembros de las CCIT y CCIC acudimos a estas instancias a solicitar de forma clara y específica su
mediación para resolver el conflicto grave que está suscitando el cobro de los alquileres por parte de
los arrendadores a los establecimientos comerciales que se encuentran cerrados en los centros
comerciales y plazas comerciales en las ciudades mas importantes del país.
La falta de solución a este conflicto está obligando a sus dueños a proceder a cerrar definitivamente sus tiendas en el corto plazo y despidiendo así la fuerza laboral de las mismas. Asimismo están debilitando económicamente y
poniendo en riesgo las empresas que cuentan con mas reservas de capital, reduciendo también el
apoyo que le puedan brindar a sus empleados.
El gobierno ha legislado para darle alivio a los bancos e instituciones financieras autorizando un
congelamiento de los pagos de capital e intereses de hipotecas y préstamos. Se benefician así los
centros comerciales y otros arrendatarios financiados, resolviéndoles así el problema de liquidez y
costos financieros a dichas empresas.
Como locatarios de centros comerciales de Tegucigalpa y San Pedro Sula reclamamos la falta de la
legislación adecuada del gobierno para que esos beneficios se derramen a nuestras empresas, en un
espíritu de equidad y justicia, con la suspensión del pago por concepto de arrendamiento y
mantenimiento mientras el local arrendado está cerrado.
Es imposible lo que el gobierno le pide a las empresas que representamos:
1) que no despida empleados y que les pague sus sueldos sin trabajar y
2) que pague por todos los servicios contratados incluyendo alquileres aunque no se estén recibiendo
los servicios y no se utilicen los locales, con cero ingresos por las ventas no realizadas.
La pandemia del COVID-19 fue súbita e inesperada y de tal magnitud que causo el cierre total de nuestras empresas, lo
que se denomina fuerza mayor, imposibilitando a las partes de los convenios y contratos cumplir en
mutua forma las obligaciones pactadas, por lo cual se pide equidad y justicia, e igual protección a todos
los sectores que movemos la economía.
Tanto los centros comerciales y dueños de locales comerciales individuales que han sido cerrados están
sufriendo pérdidas económicas por los gastos operativos inevitables para el mantenimiento de los
bienes de las empresas y los compromisos adquiridos con el gobierno para el mantenimiento y
sostenimiento de las personas que conforman la fuerza laboral.
De igual forma todas las empresas incluyendo los centros comerciales, por parejo, están dejando de
percibir el lucro cesante. Enfatizando que lucro cesante no es pérdida para ninguna de las empresas.
Sin embargo el cobro de los arrendamientos serían utilidades recibidas por los arrendadores pero se
sumarian a las pérdidas que están sufriendo los arrendatarios, siendo esta la causa de la inequidad
económica entre empresas que tienen igualdad de derechos. No se le puede dar ganancias a una a
expensas de las pérdidas de la otra, para lo cual nos remitimos a la optimalidad de Pareto:” una
situación no puede ser modificada para hacer que un individuo o criterio preferente mejore su
condición si hace que por lo menos el otro individuo o criterio preferente empeore su situación”.
La suspensión de los contratos por “fuerza mayor” sin responsabilidad de las partes, es la solución
equitativa porque evita que una parte aumente su ganancia (o reduzca sus pérdidas) mejorando su
condición a expensas de la contraparte que aumenta sus pérdidas (o reduce su utilidad) quedando en
una situación peor.
Lo que es ineludible es que cada empresa debe asumir sus propias pérdidas derivadas de su propia
necesidad en protección de sus diferentes tipos de activos. Si consideramos los negocios que
representamos de ventas de productos al detalle, el mantenimiento y la obsolescencia de los
inventarios constituidos por las mercancías, representan una perdida substancial, porque el valor de las
mismas pueden bajar hasta un 80% en el término de doce meses. Asimismo las amortizaciones de las
inversiones en tiendas se tienen que aplicar en un término de tres a cinco años, por las consagradas
remodelaciones que exigen los centros comerciales para tener vigentes los establecimientos. Todo esto
representa un flujo negativo de caja por reponer los inventarios a corto plazo. Además el súbito cierre
definitivo de un establecimiento comercial acarrea la perdida inmediata de la inversión en las
remodelaciones realizadas. La presión de los centros comerciales es más aparente con las tiendas
nuevas que no han tenido tiempo de amortizar sus inversiones, siendo un factor coercitivo para que
acepten las condiciones de pago que están queriendo imponer. En resumen, los pequeños y medianos
empresarios necesitan de nuevos préstamos para financiarse a corto plazo. Por consiguiente los
arrendadores no pueden presumir que sean los mayores y únicos perdedores en esta situación.
Por su lado las empresas de centros comerciales hacen sus grandes inversiones que son benéficas para
el país. Sus capitales invertidos a largo plazo sobre bienes inmuebles que se amortizan en 40 años,
sufren pérdidas por la depreciación y el mantenimiento físico de sus edificaciones los cuales gozan del
escudo fiscal correspondiente. Sin embargo estas pérdidas no significan disminución de sus flujos de
caja, ya que son a largo plazo. Debido al tamaño gigante de las hipotecas, la banca no tiene opción a
negar el apoyo financiero y la enmienda de los contratos de préstamos, porque ponen en peligro el
sistema financiero, siendo esta la razón por la cual el gobierno ha aprobado el alivio financiero
decretado. Sin embargo las pérdidas inherentes al giro de su negocio debe ser asumida por si mismas.
Si se aplica correctamente el alivio financiero a las grandes empresas y se procede con equidad con las
medianas y pequeñas, con la debida suspensión de vigencia de los contratos de arrendamiento,
también se soluciona el problema de financiamiento de las medianas y pequeñas empresas, porque
evitarían la necesidad de financiamiento adicional para mantener la operación de las mismas. Es
insólito esperar que las empresas medianas y pequeñas carguen con todos las perdidas, aunque
reciban ofertas de una reducción de las rentas o de que les financien a mediano plazo el pago de las
mismas, aunque los locales hayan permanecido cerrados. Lo justo es que las empresas medianas y
pequeñas reciban el derrame de los beneficios financieros otorgados a los arrendadores, dejando de
reclamar el pago de los arrendamientos.
Otro tema de igual o mayor relevancia es que los contratos deberán ser renegociados, porque las
demanda de los productos en los centros comerciales se pronostican bajaran en 30-50% en algunos
rubros, pero en otros se asegura que pueden bajar de un 80-95% en los primeros meses después de la
reapertura. Por supuesto los que tengan expectativas más bajas de ventas tal vez deseen retirarse del
mercado, pero deberían seguir teniendo la opción y el apoyo de los centros comerciales para hacer fácil
su salida sin multas ni castigos, por tener que renunciar a sus inversiones por el mismo concepto de
fuerza mayor. Proponemos que los empresarios deben tener la oportunidad de probar nuevamente el
regreso al mercado, porque siempre será un albur la continuación de operaciones en circunstancias
inéditas de esta catástrofe, por razones que el tipo de pandemia requiere el distanciamiento social. Los
centros comerciales podrán hacer su mayor esfuerzo en atraer circulación de clientes y visitas, pero la
reapertura se hará bajo normas de riesgo y medidas de seguridad que restringirán el volumen de
ventas de los establecimientos comerciales. También consideramos que la necesidad de los centros
comerciales de abrir prematuramente, sin ser el momento propicio, motivados por percibir el pago de
los arrendamientos, sería muy desleal si se mantienen los altos costos con poca o cero circulación.
Esperamos rapidez en la solución a los problemas planteados. La cantidad de empleos que se pierden
cada día son producto de la incertidumbre por el conflicto en el cumplimiento de contratos que
favorecen a los más fuertes económicamente en detrimento de los pequeños emprendedores y
medianos empresarios. Los pocos empleos que aún se conservan en nuestras empresas están a punto
de desaparecer como la empresa misma, por lo que esperamos celeridad en la búsqueda de una
solución de este conflicto.
Los líderes de las Cámaras que nos representan son parte de la mesa de negociación con el gobierno y
aunque también deben defender los intereses de los centros comerciales esperamos que con ese
mismo ahincó pongan el tema en la mesa de discusión y lo resuelvan. Los grandes no existen sin los
pequeños y lo dicen constantemente en sus declaraciones, somos parte de su cadena de valor,
esperamos su ayuda concreta y rápida, porque los cobros siguen llegando poniendo en mayor riesgo
patrimonio de los arrendatarios.
Sabemos que los líderes dirigentes de las Cámaras fueron escogidos por su profesionalismo, el
prestigio que les precede y el liderazgo que ostentan, y por eso apelamos a su mediación, a la
promoción de nuestras necesidades y al impulso de las decisiones que se requieren para salvar
empresas y empleos. Al gobierno deberán solicitar la legislación requerida y complementariamente
actuar como mediadores para que los centros comerciales asuman una posición en pro de país y más
digna para apoyar a los que a su vez son sus mejores aliados. Solo así se podrá lograr que la economía
vuelva a la normalidad, aun si persistiere por mucho tiempo adicional la Pandemia que nos agobia.
Sin otro particular, pero con mucha fé de qué ustedes logren acuerdos dignos, deseamos lo mejor para
Honduras.
Grupo de Locatarios de Centros Comerciales y Plazas Comerciales
