En una decisión aplazada por los procesos electorales desde comienzos de año, el fiscal general de Israel, Avichai Mandelblit, ha imputado este jueves al primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, por cohecho y fraude en tres casos de corrupción investigados por la policía desde 2015. El líder del Likud, que no está obligado a dimitir de su cargo mientras no haya sentencia firme, se convierte en el primer jefe de Gobierno en ejercicio acusado de soborno en la historia del Estado judío. En su propio partido y entre sus socios conservadores de coalición han empezado a oírse voces que amenazan con darle la espalda si no se aparta de la política tras haber sido formalmente acusado. La imputación se produce mientras el país se encamina a unas terceras elecciones generales, en pleno bloqueo político.
El fiscal general ha aguardado a la celebración de dos comicios legislativos —en abril y septiembre— con resultados no concluyente antes de imputar formalmente al hombre más poderoso del Israel. Nadie podrá acusar ahora a Mandleblit de haberse entrometido en el proceso electoral. Tras el fracaso de los dos principales candidatos a formar Gobierno —Netanyahu y el centrista Benny Gantz—, Israel ha entrado precisamente este jueves en un limbo político de tres semanas, con la Kneset (Parlamento) dejada a la deriva antes de una nueva convocatoria a las urnas, que sería la tercera en menos de un año. El primer ministro de Israel podría afrontar hasta 10 años de prisión si es declarado culpable de soborno y una pena máxima de tres años por fraude.
A los 70 años recién cumplidos, la larga trayectoria política de Netanyahu entra en tiempo de descuento. El líder con quien se ha identificado a Israel en el mundo en los últimos tiempos emprende una navegación por aguas desconocidas hasta ahora en su país. Ningún primer ministro en el cargo —Ehud Olmert dimitió en 2009 en medio del escándalo público— había sido imputado hasta ahora. El pasado diciembre la policía israelí hizo pública su recomendación de acusar al mandatario en un tercer escándalo de corrupción, que se sumaba a otros dos ya investigados.
Los agentes policiales constataron en el denominado caso 1.000 que Netanyahu y sus familiares recibieron entre 2007 y 2016 lujosos regalos —puros habanos Cohiba, champán francés o joyas— evaluados en cerca de un millón de shequels (230.000 euros) de manos, entre otros, del productor de Hollywood Arnon Milchan, quien pudo recibir a cambio varios millones de dólares en beneficios fiscales.
Anticorrupción también recomendó su imputación por el caso 2.000, en el que se desvelaron las conexiones del gobernante con Arnon Moses, editor del diario Yedioth Ahronoth, el de mayor circulación en Israel, para contar con una cobertura favorable a sus intereses en contrapartida a medidas legales que favorecieran la difusión del rotativo. En ambas investigaciones la Fiscalía presenta cargos por fraude y abuso de poder.
En la investigación más controvertida, el llamado caso 4.000, se han analizado durante tres años los favores gubernamentales de Netanyahu que reportaron un beneficio fiscal de unos 250 millones de euros al grupo de telecomunicaciones Bezeq. En contrapartida, esta compañía puso al servicio de los intereses del primer ministro y de su familia el popular portal informativo Walla. Se trata de un escándalo demoledor, con intercambio de ventajes legales por favores mediáticos, en el que la imputación de soborno parece capaz de acabar con la carrera política del gobernante.
La policía anticorrupción y el órgano israelí equivalente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores aseguran contar con indicios suficientes de que entre 2012 y 2017 “Netanyahu y su entorno más cercano intervinieron notoriamente y de forma regular en la redacción de los contenidos de la web Walla, al tiempo que influyeron en la designación de redactores y editores sirviéndose de sus estrechos vínculos con Elovitch y su esposa, Iris”. El objetivo era publicar “artículos y fotos halagadores y suprimir el contenido crítico contra el primer ministro y su familia”.
Netanyahu acumuló el cargo de ministro de Comunicaciones entre 2015 y 2017, por lo que era también el máximo responsable político del marco regulatorio al que estaba sometido Bezeq, grupo empresarial que integra telefonía fija, servicio de Internet, móviles, medios de comunicación y una plataforma de canales de pago.
«No hay lugar para el soborno y el fraude en la vida pública», advirtió de entrada el fiscal general al anunciar la imputación de Netanyahu en una comparecencia ante la prensa. «Es un día triste para el país y para mí en particular», enfatizó Mandelblit, un antiguo jurista militar que fue secretario general (asesor legal) del Gabinete de Netanyahu entre 2013 y 2016. «Pero también es un día importante para un Estado democrático».
Más de 140 testigos, entre ellos ministros y altos cargos, han sido interrogados durante cerca de cuatro años en un sumario de más de 800 páginas redactado por un equipo de una veintena de fiscales. Los abogados de Netanyahu pudieron presentar alegaciones el pasado octubre en un trámite de audiencia abierto por la Fiscalía General.
Salvo que llegue a un acuerdo judicial para cerrar los casos a cambio de su retirada de la polítca con penas de menor cuantía, Netanyahu se atrincherá previsiblemente en la inmunidad de la Kneset, que cuenta con un blindaje especial para el primer ministro en las leyes básicas que conforman los textos constitucionales en Israel. El proceso pude durar años –Olmert tardó siete años en ser juzgado y condenado–, pero sin una clara mayoría parlamentaria, que el líder del Likud no ha podido apuntalar en dos repeticiones electorales, se debilita el escudo protector que le garantiza inviolabilidad mientras no dicte sentencia firme el Tribunal Supremo.
“Es una victoria para los guardianes (del sistema democrático) de Israel”, argumentaba el columnista Anshel Pfeffer en Haaretz.“Han demostrado que, al margen de sus orígenes políticos –y el fiscal general Mandleblit no es precisamente un progresista– son capaces de obligar a rendir cuentas al hombre que ha concentrado más poder en sus manos en la historia del país”. Por su lado, el exgeneral Gantz, con quien ha librado las dos últimas batallas en las urnas, coincidió también en Israel vivía “uno de sus días más tristes” con la decisión de la fiscalía, pero advirtió de que el primer ministro ya contaba con “un mandato moral” para seguir gobernando.
El primer ministro israelí, que tiene previsto intervenir en público en las próximas horas siempre ha rechazado abiertamente todas las acusaciones, que en su opinión obedecen a una “caza de brujas” desencadenada por la izquierda desde la policía y la prensa. “Estoy seguro de que, tras haber examinado la cuestión, las autoridades competentes llegarán a la misma conclusión: no hubo nada porque no hay nada”, apostillaba Netanyahu tras airearse cada nuevo caso, en un mantra invocado en su defensa durante una docena de interrogatorios policiales que se prolongaron en ocasiones más de 12 horas.
El mandatario consideraba que las acusaciones se iban a desmoronar como un castillo de naipes, pero la perseverancia de la fiscal ha puesto contra la pared al líder que durante más tiempo ha ocupado el poder en Israel. Los abogados del primer ministro siempre sostuvieron que él no tuvo ninguna conexión con los negocios de Bezeq, que resultaba socialmente permisible recibir regalos de amigos y que otros políticos antes que él se comunicaron con el editor de Yedioth Ahronoth para poner sus intereses políticos.
