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Más de 380,000 extranjeros tendrían que pasar la prueba de “carga pública” para entrar a EEUU

Más de 380,000 extranjeros al año tendrían que demostrar que no serán una “carga pública” al ingresar legalmente a EEUU mientras que más de 232, 000 podrían abandonar programas de beneficios públicos para proteger sus trámites migratorios, bajo un reglamento que, según detractores, ya está sembrando pánico entre los inmigrantes en el país.

Con la idea de promover la “autosuficiencia” de los inmigrantes, la Administración Trump pondrá en marcha el próximo 15 de octubre un nuevo reglamento que impondrá una serie de pruebas sobre ingresos, formación académica, y destrezas laborales a extranjeros que soliciten la residencia permanente o visas temporales, o a aquellos que inicien trámites para ajustar su estatus migratorio en el país.

Pero, según sus detractores, este reglamento encaja con el “muro invisible” que viene construyendo la Administración para excluir a inmigrantes y minorías.

El reglamento, a cargo de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, en inglés), redefine y amplía drásticamente el concepto de “carga pública” en el campo migratorio, de tal manera que EEUU puede negar las “green cards” y visas temporales a quienes adquieren beneficios públicos como cupones de comida, subsidios de vivienda y la mayoría de ayudas dentro de “Medicaid”, o puedan obtenerlos en el futuro.

Además, las autoridades determinarán si los solicitantes podrían convertirse en “carga pública” en el futuro, tomando en cuenta cuánta formación académica tienen, cuántas habilidades o cuántos bienes, entre otros recursos.

En declaraciones a Noticias Telemundo, una funcionaria de USCIS, que pidió el anonimato, dijo que “alrededor de 382,000 extranjeros”, del medio millón que solicita la residencia permanente cada año, serán sometidos a estas pruebas, y calculó que unos 232,388 y 8,801 hogares “podrían decidir abandonar programas de beneficios públicos”.

La funcionaria no precisó a cuántos de los 382,000 extranjeros se les negaría la residencia permanente al no pasar las pruebas. Sin embargo, explicó que la cifra de 232,388 se apoya en estimados de hogares que reciben beneficios públicos y que tienen al menos un extranjero en la familia.

“Este estimado supone una tasa del 2,5% en el número de personas que abandonaría los programas de beneficios públicos en los que ya participan y que ahora están incluidos en el reglamento”, agregó.

Pero activistas consultados hoy por Noticias Telemundo coincidieron en que las cifras oficiales ocultan el verdadero impacto del reglamento que, a su juicio, es un instrumento para discriminar a gente pobre y dar preferencia a inmigrantes blancos y ricos.

“Esto es parte de los esfuerzos de la Administración para ensañarse con los inmigrantes, intimidarlos y criminalizarlos… Texas ya tiene una de las tasas más altas de personas sin seguro médico en EEUU, y me preocupa que este reglamento profundizará la crisis de cuidado médico que tenemos“, dijo Cheasty Anderson, analista sénior del grupo “Children´s Defense Fund” en Austin (Texas).

Tan sólo en Texas, las autoridades han registrado un descenso del 31% en las familias inmigrantes inscritas en “Medicaid”, señaló.

Aunque la regla no aplicará para quienes soliciten ayudas para hijos nacidos en EEUU, sí perjudicará a quienes soliciten la “green card” o inicien trámites migratorios para sus familiares, por lo que su alcance será mayor, advirtió.

La norma no se aplicará de forma retroactiva, por lo que no afectará a quienes ya tenían solicitudes migratorias pendientes antes del 15 de octubre, y tampoco afectará a ciudadanos estadounidenses, o a personas con estatus de refugiados o asilados.

Sin embargo, según activistas, la Administración Trump estaría imponiendo un sistema migratorio con base a méritos que no ha podido lograr por la vía legislativa.

Pánico, hambre y enfermedades

La Administración Trump estudió la regla desde 2017 y recabó centenares de miles de comentarios públicos antes de que el director interino de USCIS, Ken Cuccinelli, develara la versión final el lunes pasado.

Ya antes de entrar en vigor, sin embargo, ha sembrado temor incluso entre quienes tienen derecho a los beneficios públicos, porque el gobierno los pone a escoger entre aguantar hambre y enfermedades o poner en riesgo sus trámites migratorios.

“Si aumenta la tasa de personas sin seguro, veremos una caída en la tasa de inmunización y un aumento en enfermedades prevenibles; niños que llegarán con hambre o enfermos a los colegios, que no irán al médico a atenderse, más uso de salas de emergencias”, observó Anderson.

Es la misma advertencia de María Gómez, presidenta y principal ejecutivo de “Mary´s Center”, que ofrece servicios de salud preventiva para inmigrantes de bajos recursos en el área de la capital estadounidense.

“Esta bomba de relojería va a explotar en octubre… pero nosotros queremos que la gente entienda que no todos los beneficios están afectados y que pueden solicitar beneficios para sus hijos nacidos en EEUU”, dijo Gómez.

El programa de nutrición para mujeres embarazadas y sus bebés, conocido por su sigla en inglés “WIC”, por ejemplo, no está incluido en el reglamento pero, según Gómez, su clínica tiene varios casos de pacientes “que no quieren la ayuda”.

“Nosotros vamos a mantener nuestras puertas abiertas para la gente que necesita servicios. No podemos hacer nada por la gente que quiere entrar, pero a la gente que está aquí les decimos que no dejen de buscar ayuda, de enviar a sus hijos a la escuela. Necesitamos estar saludables, fuertes y unidos para defendernos contra estas políticas que crean pánico y ansiedad”, afirmó Gómez.

Un estudio reciente del Instituto Urbano, hecho en 2018 con base a una encuesta entre 1,950 adultos extranjeros o que viven con familiares extranjeros, destacó que uno de cada siete inmigrantes, o el 13,7%, se negaron a solicitar beneficios públicos o los rechazaron después de recibirlos, para no perjudicar sus trámites para la residencia permanente.

Entre los adultos de muy bajos ingresos, el porcentaje fue del 20,7%, o uno de cada cinco inmigrantes.

Esto se traduce a precarios escenarios en los que las familias inmigrantes, incluso las que no serán afectadas por el reglamento, temen recibir almuerzos escolares o cuidado médico para sus hijos o compran “comida basura” para no depender de cupones de comida del gobierno federal.

Anderson condenó a Cuccinelli por pintar un panorama en el que los inmigrantes vienen a EEUU “a pedir limosna en las esquinas”, cuando ella ha visto una realidad distinta: “vienen a trabajar, y trabajan duro, muchas veces en sitios sin seguro médico”.

“Pueden hablar hasta el cansancio de que esto no es racial sino económico. Hay muchas formas ingeniosas de ocultar el racismo en lenguaje como ´productividad económica´,  pero vemos que os inmigrantes en trabajos de bajos ingresos vienen de países subdesarrollados y son gente negra o trigueña”, observó la experta.

El argumento de Cuccinelli “es deshonesto” porque no admite que el reglamento “impone una prueba de riqueza” contra personas de bajos ingresos y conlleva el mensaje de que “no eres bienvenido si no eres rico”, puntualizó Anderson.



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