Entre 2004 y 2014 Venezuela disfrutó del boom petrolero más largo de su historia, pero Hugo Chávez, para ese entonces presidente de la república, disparó el gasto con tal intensidad que la lluvia de petrodólares quedó pequeña y la deuda en divisas se quintuplicó a una velocidad centelleante. Tras no crear un fondo de ahorro, malbaratar buena parte del dinero y sufrir una catastrófica caída de 70% en la producción de petróleo -el producto que provee 96 de cada 100 dólares que ingresan al país-, la bancarrota es un hecho y los acreedores amenazan con despedazar a Citgo, la filial de Pdvsa que opera en el mercado estadounidense y que es un activo estratégico para los venezolanos porque actúa como un puente para vender petróleo en el principal mercado del planeta.
Las estadísticas oficiales registran que la deuda en dólares del Gobierno y sus empresas suma 131.000 millones de dólares, pero un estudio de la firma Torino Capital sostiene que al añadir otros compromisos, como expropiaciones a compañías extranjeras, el monto aumenta hasta 168.000 millones de dólares, una cifra descomunal para una economía que acumula cinco años en caída y que equivale a 800% del ingreso por exportaciones proyectado para este año por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica Andrés Bello.
Sumergida en la insolvencia, la administración de Nicolás Maduro, quien ocupa actualmente la presidencia del país, ha suspendido el pago de capital e intereses por la montaña de bonos emitida en el pasado y el monto en mora asciende a 11.900 millones de dólares, de acuerdo con el registro de la firma Síntesis Financiera.
Hasta el momento los inversionistas han demandado el pago en once tribunales de Estados Unidos y aumenta la presión: los acreedores que en sus portafolios tengan al menos 25% del monto total del bono, pueden exigir la cláusula de aceleración, es decir, reclamar que Venezuela pague de inmediato todo lo que les debe, no solo los giros atrasados.
Además, las condiciones en que Venezuela emitió los bonos contemplan que el incumplimiento en el pago de uno de los títulos puede equipararse al incumplimiento en el pago de otros títulos, lo que amenaza con desatar una cascada de reclamos en las cortes de Nueva York y Londres.
Citgo en tribunales
En 2008 Hugo Chávez eliminó la concesión que le permitía a la compañía canadiense Crystallex explotar una mina de oro en el sur de Venezuela. La empresa reclamó el pago de 1.400 millones de dólares en compensación y como no logró ningún tipo de acuerdo recurrió al tribunal de arbitraje del Banco Mundial, donde obtuvo una decisión favorable.
El gobierno venezolano se negó a pagar y Crystallex acudió a una Corte Federal en Estados Unidos que falló a su favor en agosto de 2018 y determinó que puede cobrar la deuda apropiándose de activos de Citgo.
El gobierno venezolano apeló la decisión, pero el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos, en Filadelfia, ratificó el fallo el pasado 29 de julio. Si bien es posible solicitar a la corte que reconsidere la decisión o elevar el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, el riesgo de perder el control de Citgo ha aumentado de manera considerable.
El tribunal escuchó argumentos de los abogados que representan a Juan Guaidó, el líder del Parlamento, quien en enero asumió la presidencia interina y cuenta con el reconocimiento de cincuenta países que consideran que Nicolás Maduro fue reelegido en 2018 mediante una elección fraudulenta.
Maduro y Guaidó han nombrado juntas directivas para Citgo y esperan que una corte de Delaware decida cuál de las dos podrá llevar las riendas de la compañía que posee tres refinerías -en Louisiana, Texas e Illinois- con capacidad para procesar 750 mil barriles diarios de petróleo, registra ventas anuales por 23.000 millones de dólares y controla una red de 5.500 estaciones de servicio que venden el 4% de los combustibles que consume Estados Unidos.
Activos en la mira
El fallo de la corte de apelaciones amenaza con desatar una ola de demandas similares a la de Cristallex por otras empresas expropiadas durante el mandato de Hugo Chávez, que buscarían cobrar lo que reclaman apropiándose de activos de Citgo. Este camino ya fue tomado por Owens Illinois que el 11 de febrero demandó a Venezuela y exigió el pago de 500 millones de dólares por la expropiación de dos plantas en 2010.
Una muestra de la cantidad de demandas que podrían surgir en el corto y mediano plazo es que en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), una institución del Banco Mundial que resuelve disputas entre gobiernos y compañías extranjeras, se han recibido 28 casos en contra de Venezuela por expropiaciones realizadas durante el mandato de Hugo Chávez.
José Toro Hardy, ex directivo de Pdvsa, explica que «podríamos llegar a un proceso donde todo el que tenga acreencias va a ir por los activos de Citgo y esta es una empresa de gran importancia porque sus refinerías están equipadas para procesar el petróleo pesado de Venezuela que contiene mucho azufre y residuos metálicos. Sin las refinerías de Citgo nos comprarían el petróleo a precio de gallina flaca para mezclarlo con crudos livianos».
Desde su punto de vista la salvación de la empresa está en «apelar la decisión del tribunal en Estados Unidos para ganar tiempo y esperar que haya un cambio en el país, otro gobierno con el que los acreedores estén dispuestos a negociar».
Francisco Monaldi, experto en el tema petrolero y académico de la Universidad Rice de Houston, considera que la decisión del tribunal de Estados Unidos «es muy negativa para Venezuela y hace más probable la eventual pérdida de control sobre Citgo. La administración Trump puede bloquear la toma de Citgo ya sea con una orden ejecutiva temporal o no otorgando la licencia necesaria a Crystallex para ejecutar el activo que es objeto de sanciones».
«De lo contrario se ve cuesta arriba mantener el control. Espero que el gobierno de Estados Unidos entienda el costo político y económico de que se pierda Citgo», agrega Monaldi.
Fuentes de la oposición venezolana afirman que en marzo se solicitó a la administración de Donald Trump que emita una orden ejecutiva para preservar los activos venezolanos, pero no ha habido éxito en la gestión.
En un breve comunicado la junta de Pdvsa nombrada por Juan Guaidó afirmó que tomarán «todas las acciones necesarias para defender los activos de Venezuela en el exterior», sin precisar cuál será el camino a tomar en la batalla legal por el control de Citgo.
Octubre pesado
En diciembre de 2016 el gobierno de Nicolás Maduro hipotecó a Citgo al emitir unos bonos de Pdvsa que vencen en 2020 que, a diferencia de otras obligaciones, está garantizado con el 50.1% de las acciones del holding que controla Citgo.
Para evitar que los acreedores embarguen las acciones de Citgo, Venezuela deberá cancelar 913 millones de dólares en octubre, una cantidad importante en medio de la falta de divisas y la disputa por el control de la empresa que mantienen el gobierno interino de Juan Guaidó y la administración de Nicolás Maduro.
La semana pasada el mercado estuvo dispuesto a comprar una emisión de bonos realizada por la junta nombrada por Juan Guaidó al frente de Citgo que permitió reestructurar parte de la deuda de la compañía alargando el plazo y disminuyendo la carga de los intereses, de acuerdo con un comunicado difundido por el presidente interino, pero se mantiene la incertidumbre sobre qué ocurrirá en octubre.
Obligado a reestructurar
Cuando los países no están en capacidad de pagar la deuda inician un proceso de negociación con los acreedores que tiene como meta una reestructuración de largo alcance que suele incluir una rebaja en el monto adeudado, plazos más largos, nuevo financiamiento, un período de gracia en el que no hay que realizar amortizaciones y tasas de interés más favorables.
En julio de 2017 el departamento de análisis de Deutsche Bank difundió a sus clientes un reporte especial sobre la deuda venezolana señalando que el país necesita una reestructuración que contemple un alivio en términos de liquidez y una rebaja en el monto de la deuda que, desee su punto de vista, es insostenible.
«Cualquier reestructuración efectiva para los bonos emitidos por el gobierno venezolano y Pdvsa probablemente requerirá una rebaja sustancial del monto de la deuda combinado con la reducción de la tasa de interés y mejores condiciones de plazo para el pago del capital e intereses. Un simple reperfilamiento en el que se extiende el plazo de vencimiento de las obligaciones es poco probable que funcione», dijo Deutsche Bank.
La Academia Nacional de Ciencias Económicas del país ha insistido en la necesidad de que Venezuela acuda a los organismos multilaterales para obtener financiamiento y el aval necesario que le permita reestructurar la deuda.
En un comunicado oficial donde aborda este tema, señaló que «es necesario iniciar negociaciones cuanto antes con organismos financieros internacionales para concertar un importante financiamiento externo» y agregó que «un generoso crédito externo permitirá, a su vez, refinanciar la deuda externa, con lo que podrá aliviarse el pago por este concepto durante los próximos años».
Pero todo apunta a que en medio de la crisis política que sacude al país es muy poco probable que Venezuela logre reestructurar su deuda en el corto o mediano plazo.
