Tres casos de tutela en los cuales las redes sociales fueron usadas para difundir mensajes contra otras personas llevaron a la Corte Constitucional a convocar a una audiencia pública para el próximo 28 de febrero.
En este espacio el alto tribunal evaluará cómo se puede garantizar la libertad de expresión en estas plataformas digitales sin que se menoscaben los derechos al buen nombre, la honra, la intimidad, la dignidad y la imagen de quienes resultan agredidos en las redes.
En esta audiencia la Corte Constitución vinculó a los encargados en Colombia de las redes sociales Facebook y Youtube, así como de Google, para que se pronuncien frente a las tutelas que presentaron tres ciudadanos.
Al evento también están convocados las cabezas de los órganos de control del país, la Defensoría del Pueblo, la relatoría especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Fundación para la Libertad de Prensa, entre otros invitados.
Durante esta audiencia pública la Corte evaluará hasta dónde llega el derecho a la libertad de expresión en las plataformas digitales y redes sociales, cuál debería ser el control y responsabilidad que los usuarios tienen frente a lo que publican, cuál debe ser el tratamiento de los datos personales (como las fotos de otros), y cómo la ciudadanía puede autorregularse en su lenguaje y en las imágenes que expone.
Las preguntas que hará la Corte en este espacio público son claves para determinar el día a día de las redes sociales ya que también se cuestionarán asuntos como cuál es el alcance y los límites de los reclamos que se hacen en contextos digitales, ya sean de tipo comercial, civil o laboral. También evaluará si la difusión de noticias falsas que incluyan mensajes deshonrosos o delictivos contra particulares están o no cobijadas por la libertad de expresión.
El alto tribunal también analizará si existe un «derecho a insultar» a otros ciudadanos en estas redes y si el afectado tiene la carga de soportarlo. También consultará con los asistentes a la audiencia cuál es el límite para manifestar ideas u opiniones, y si es válido denunciar un delito a través de las redes sociales.
¿Compartir una publicación que tenga un insulto o que sea ofensiva debe generar alguna responsabilidad? ¿Darle me gusta a una publicación se puede entender como una réplica del mensaje original? Todas estas serán las preguntas debatidas por el alto tribunal, quien busca determinar si hay algún tipo de alternativa distinta a la responsabilidad civil o penal para quienes vulneren derechos de otros en estos espacios.
La Corte también evaluará otros temas que afectan a los usuarios de estas redes y tiene que ver con si los responsables de estas plataformas ejercen o no un control sobre los perfiles falsos y noticias falsas. Además, se les preguntará por su política para atender quejas y reclamos y si se atiende de forma prioritaria a quienes dicen ver vulnerados sus derechos en las redes. Los magistrados también les preguntarán a los encargados de las redes sociales si hay alguna política para bloquear usuarios.
Las tres tutelas que evalúa la Corte
Dos casos tienen que ver con publicaciones en Facebook,
Reuters
En las tres tutelas que recibió el alto tribunal los ciudadanos contra los que se hicieron publicaciones en Facebook y en Youtube afirmaron que esos mensajes vulneraban sus derechos al contener información falsa.
El primer caso de tutela se dio luego de que una mujer presentó este recurso contra otras dos personas porque el 11 de septiembre del 2017 una de ellas publicó una imagen tipo collage en la que la señala como estafadora.
«Favor difundir, es una estafadora profesional y se mete en los clubes a robar a la gente», decía el mensaje que acompañaba la imagen y que fue difundida a través de Facebook desde una página de un club de autos en el que quien hizo la publicación es presidenta.
El mensaje fue compartido por otras dos mujeres en sus perfiles de Facebook, por lo que la afectada solicitó en la tutela que se retiraran todas las publicaciones de esta red social.
Otro caso es el de un administrador de un edificio que interpuso una tutela contra una mujer y su hijo, dueño de un apartamento en el conjunto que él administra. El recurso se inició porque la madre publicó en su perfil de Facebook una foto en la que hace señalamientos contra el administrador, señalándolo como un «ladrón de unidades residenciales en la ciudad de Medellín. Pilas, busca cómplices en los Concejos de Administración de las unidades residenciales para desfalcar a los copropietarios».
Por estos hechos el administrador le pidió a la señora retractarse, pero no logró que la mujer eliminara los mensajes publicados.
El tercer hecho es el de un integrante de Sayco, quien además figuraba en la época como notario en Santa Marta. En la tutela dijo que otro ciudadano ha publicado varios mensajes en Facebook y en Youtube en los que lo llama «ratero, mafioso y corrupto».
El hombre afectado dijo que se están desconociendo sus derechos al buen nombre, la dignidad y la intimidad porque se lo está atacando por su trabajo.
