Así ocurrirá después de que, según han informado fuentes de la Audiencia Nacional, el titular del juzgado central de instrucción de este tribunal, José María Vázquez Honrubia, haya remitido el caso a la Sala de lo Penal de la Audiencia para que lo reparta entre una de sus secciones.
De esta manera, en lugar de juzgar el propio Vázquez Honrubia a Neymar y a otros cinco acusados, lo hará un tribunal formado por tres jueces, que se decidirá según las normas de reparto.
La decisión de Vázquez Honrubia se basa en que la acusación particular representada por DIS ha pedido que se condene a Neymar por un delito de estafa continuada, el cual, según el Código Penal, conlleva penas de hasta 6 años de cárcel, cuando su juzgado solo puede juzgar asuntos con una pena máxima de 5 años.
DIS solicita por este delito 5 años de cárcel para Neymar, si bien, según el juez, la pena en abstracto, es decir, la plasmada en la ley, es de hasta 6 años, por lo que no correspondería a su juzgado.
En este caso se juzga una presunta estafa al fondo DIS, que tenía el 40 % de los derechos federativos de Neymar y que se querelló contra el jugador al sentirse engañado en su fichaje por parte del Barça en el año 2013.
DIS reclama también 5 años de cárcel al padre de Neymar, así como al presidente y ex presidente del Barça, Josep Bartomeu y Sandro Rosell, y una multa de 195 millones de euros al club.
Según el fiscal, en esta causa, conocida como el caso Neymar 2, Rosell se concertó con el padre del delantero del PSG «con la intención de ocultar el coste real del jugador», que después se supo había ascendido a 83 millones de euros.
Así, según dice el fiscal en su escrito de acusación, «idearon fragmentar el pago del fichaje del jugador en diversas partidas para lo que formalizaron una serie de contratos».
Cuando en 2013 se dio a conocer el fichaje, afirma el fiscal, «el FC Barcelona decidió mantener públicamente que la adquisición del jugador un año antes de lo previsto le costaría al club» los 40 millones inicialmente pactados a los que habría que añadir 17,1 millones por la adquisición de los derechos federativos al Santos.
DIS percibió el 40 % de esa cantidad, sin embargo «la cantidad real del traspaso de los derechos federativos» ascendió a 25,1 millones por lo que el fiscal considera que debe ser indemnizado con 3,2 millones.
(Con información de EFE)
